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Un largo ejercicio cívico-militar “antiimperialista” se desarrolló hoy en Venezuela por orden del presidente Nicolás Maduro, quien advirtió que con estas estrategias se evitarán las agresiones militares externas y advirtió que si su país es desestabilizado, toda la región se verá severamente afectada.
Desde el céntrico estado de Miranda el mandatario coordinó con generales y jefes de los ejercicios que se ejecutaron en otras zonas del país. Se exhibieron diferentes armas, tanques de guerra y combates simulados.
“Lo que estamos haciendo es llevando a la práctica todo el concepto estratégico, toda la teoría, toda la preparación y todo el armamento que está dispuesto para hacer de Venezuela un país que no pueda ser tocado jamás por ninguna potencia imperialista o por ningún lacayo que se atreva a agredir militarmente a nuestro país”, manifestó Nicolás Maduro.
En el llamado ejercicio de defensa integral antiimperialista Zamora 200 participaron casi 600.000 personas, entre militares y civiles, una actividad que, destacó, no tiene “precedentes en la historia militar de Venezuela”.
“La estabilidad de Venezuela es la estabilidad de Suramérica y de el Caribe. Si Venezuela fuera desestabilizada, dividida y cuarteada, se desestabilizaría toda la región”, subrayó.
“Si Venezuela fuera agredida algún día por distintas modalidades de agresión nosotros tendríamos el derecho histórico de pasar de la defensiva a la ofensiva, tendríamos el derecho histórico de combatir en todo el territorio americano por la libertad de nuestro pueblo”, agregó.
[Actualización 11.01.2017 a las 10 pm]
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela declaró hoy miércoles 11 de enero la nulidad de todos los actos de la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, que declaró a Nicolás Maduro en abandono del cargo de presidente.
La sala considera que el Parlamento se encuentra en desacato desde septiembre de 2016. “En vista de la imposibilidad para realizar actos válidos, se configura la omisión inconstitucional de la Asamblea Nacional”, indica en una resolución.
Luego de que Asamblea Nacional de Venezuela (AN), dirigida por la oposición, pidiera elecciones al declarar el abandono del cargo de presidente por parte de Nicolás Maduro, el chavismo calificó decisión de “barbaridad jurídica”.
A pesar a que el Tribunal Supremo sostiene que la cámara no tiene facultad para destituir al jefe de Estado, el acuerdo fue aprobado hoy por el Parlamento.
‘‘La única forma de resolver los graves problemas que aquejan al país es devolver el poder al pueblo de Venezuela y, por lo tanto, convocar a la celebración de elecciones libres y plurales’‘, considera el documento respaldado por la mayoría antichavista.
Según la Constitución venezolana, una falta absoluta del presidente sería su muerte o renuncia, la destitución decretada por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), su incapacidad física o mental, la revocación popular de su mandato o “el abandono del cargo declarado como tal por la Asamblea Nacional”.
En este caso, la Carta Magna obliga a celebrar comicios y también establece que el presidente “es responsable de sus actos y del cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo” y que “está obligado a procurar la garantía de los derechos y libertades de los venezolanos y venezolanas”.
La mayoría del Parlamento consideró que el desempeño de Nicolás Maduro está al margen de las funciones constitucionales de la presidencia y le responsabiliza por la “ruptura del orden constitucional”, por violación de derechos humanos y por la “devastación de las bases económicas” del país.
El abandono de cargo se consideraría por el incumplimiento de las obligaciones por parte del presidente y, entre las razones que expuso la bancada opositora, se afirmó que Maduro no ha cumplido ni hecho cumplir el ordenamiento constitucional.
“Ha propugnado y consumado la supresión de la separación de poderes, mediante su respaldo a la ocupación partidista del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral”, observaron los legisladores de oposición.
Así, el Parlamento responsabiliza a Maduro del “golpe de Estado” que, a su juicio, “indujo a la suspensión de la recolección de manifestaciones de voluntad necesarias para la iniciativa constitucional del referendo revocatorio presidencial”, impulsado por la oposición, así como del “diferimiento” de elecciones de gobernadores que debieron celebrarse en 2016.
En materia internacional el Legislativo manifiesta que Nicolás Maduro ha sido “negligente” en la reclamación de la Guayana Esequiba (este), territorio fronterizo disputado con Guyana, y que no ha logrado una solución pacífica al conflicto.
La utilización de la figura constitucional de abandono de cargo por parte de la AN ha sido cuestionada por algunos partidos opositores y grupos de la sociedad civil, como el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) que la considera “una interpretación forzada” de la Carta Magna.
Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aseguró hoy mediante un comunicado que la AN no tiene facultad para destituir al jefe de Estado*.
El Supremo, que en septiembre declaró la nulidad de todos los actos legislativos debido a que la cámara no había ejecutado una sentencia anterior, ordenó nuevamente a los diputados “abstenerse de continuar el procedimiento de declaratoria de ‘responsabilidad política’” contra Nicolás Maduro.
En consonancia con el TSJ, el jefe de la bancada del chavismo en el Parlamento, Héctor Rodríguez, dijo hoy que el abandono de cargo de Maduro es una “barbaridad desde el punto de vista jurídico”, y que ningún venezolano, por muy opositor que sea, “puede plantearse que el presidente no está ejerciendo sus funciones”.
“Es una acción inútil que no va a tener ningún efecto jurídico ni político más allá de un intento fallido de golpe de Estado”, opinó.
Asimismo, el primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, consideró la iniciativa como “una violación flagrante” a la Constitución que pretende el “desconocimiento” del jefe de Estado.
Tres opositores se abstuvieron en la votación lo que derivó en que el acuerdo fuese aprobado con 106 de los 109 diputados de oposición juramentados (excluidos los tres de Amazonas).
Con anterioridad al debate por el supuesto abandono de cargo de Nicolás Maduro, el Legislativo votó también hoy a favor de desincorporar a los tres diputados de Amazonas cuya investidura fue impugnada por el Supremo y por la que este declaró nulos todos los actos legislativos.
El diputado opositor Simón Calzadilla explicó hoy que cuando se hizo la desincorporación hace dos meses la notificación fue hecha mediante una comunicación que los parlamentarios dirigieron a la junta directiva y a la cámara, y que esto les había parecido “más que suficiente”.
“Sin embargo, la Sala Electoral del TSJ dice que había que votarlo (…) decidimos hoy ponernos de acuerdo para votarlo y dejar sin efecto la juramentación”, detalló.
Fuente: EFE
