Osiptel sostiene que las operadoras deben cumplir con la ley. En febrero las multaron por S/.5,3 millones. (Foto: USI)

Osiptel sostiene que las operadoras deben cumplir con la ley. En febrero las multaron por S/.5,3 millones. (Foto: USI)

Síguenos en Facebook



Representantes de las empresas operadoras de telefonía móvil y funcionarios de Osiptel se enfrentaron por la venta de chips sin presentar DNI durante una reunión con el congresista Jaime Delgado, de la Comisión de Defensa del Consumidor del Parlamento, en la que se buscaba encontrar mecanismos más seguros para la comercialización de las líneas prepago, informó El Comercio.

Para las empresas operadoras, el actual sistema, promulgado por el Decreto Supremo 024-2010-MTC y que las obliga a llevar un registro de todos quienes contratan sus productos bajo la modalidad de prepago, no funciona.

Peor aún, para ellos el pedir el DNI durante la compra de una línea prepago expone a los usuarios a otros delitos, como la suplantación de identidad. Sosteniendo esta postura, los proveedores de telefonía móvil señalaron que en países de violencia extrema como México, el registro ha sido eliminado, al igual que en Venezuela.

En cambio, Osiptel sostiene que las leyes están para cumplirlas, y sí estas empresas siguen sin cumplir las normas, el ente regulador indicó que las seguirá sancionándolas, como fue el caso de los S/.5,3 millones en multas que le aplicaron a Movistar, Claro y Nextel en febrero de este año.

El impasse entre el ente regulador y los proveedores se mantuvo durante toda la reunión, pese a las recomendaciones del fiscal provincial adscrito a la Fiscalía de la Nación, Rodolfo Socla Alarcón, quien propuso utilizar un registro biométrico para los contratos de telecomunicaciones, un sistema que sería más seguro.

Tampoco se tomó en cuenta la recomendación del parlamentario Delgado, quien instó a las empresas a tener circuitos de comercialización de chips más seguros, similares a los que aplican a la línea de postpago. Ante la actitud de las empresas, el congresista rechazó su intento de derogar la norma en vez de hacerla cumplir y no priorizar la seguridad de sus usuarios frente a sus intereses económicos.