Texas encabeza resistencia contra políticas a favor de millones de indocumentados. (Foto: EFE)
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La Corte Suprema de Estados Unidos evaluará el lunes 18 las medidas migratorias proclamadas hace más de un año por el presidente Barack Obama en medio de un crispado clima electoral, en el que el futuro de millones de indocumentados se ha convertido en un arma arrojadiza entre demócratas y republicanos.
“Creo que el muro estará completo en dos años desde el momento en el que comencemos, así que tenemos que empezar rápido”, dijo en febrero Donald Trump, aspirante a la nominación presidencial republicana, que quiere construir un muro en la frontera con México y deportar a todos los indocumentados que viven en EE.UU.
Con este clima de fondo, los jueces estudiarán la legitimidad de las acciones ejecutivas que Barack Obama proclamó en noviembre de 2014 y que fueron bloqueadas un día antes de entrar en vigor a petición de una coalición de estados, liderados por Texas y en su mayoría con gobernadores republicanos.
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La audiencia durará 90 minutos y contará con la participación de un abogado del Fondo Mexicano-Americano de Defensa Legal y Educación (Maldef), que representa a tres mujeres indocumentadas de Texas que tienen hijos nacidos en Estados Unidos o con residencia permanente y que podrían acogerse a uno de los programas proclamados por Barack Obama.
“Vivo en McAllen (Texas, EE.UU.), nací en Michoacán (México), fui a la escuela en México hasta el quinto grado y mis padres me trajeron cuando tenía 14 años”, narró esta semana durante una conferencia telefónica una de esas tres mujeres, que se mantuvo en el anonimato.
Las medidas migratorias tienen carácter temporal y permitirían a estas mujeres frenar su deportación, conseguir un permiso de trabajo y una licencia de conducir.
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Precisamente, los costes que implicaría el expedir de manera masiva esos carnés de conducir es el argumento en el que basan sus críticas los estados demandantes, que aseguran que las medidas migratorias impactarían negativamente en sus arcas públicas.
Además, durante la audiencia, la mayoría republicana de la Cámara Baja gozará de 15 minutos para exponer que, bajo su punto de vista, Barack Obama se extralimitó en su poder al proclamar por decreto un plan con el que se evitaría la deportación de jóvenes indocumentados y padres con hijos estadounidenses o hijos con residencia permanente en Estados Unidos.
Colocar al Legislativo enfrente del Ejecutivo en la máxima instancia judicial del país servirá para demostrar que, según la Constitución, “el presidente no puede escribir las leyes” y solo el Congreso tiene capacidad para legislar, según el titular de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan.
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Barack Obama se comprometió por primera vez en 2008 a cambiar el sistema migratorio y decidió actuar unilateralmente en 2014 ante la imposibilidad de sacar adelante en el Congreso una reforma al respecto.
(Fuente: EFE)
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