Acusan a Benítez de integrar organización de Orellana

El procurador anticorrupción Christian Salas Beteta ha solicitado al fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, investigar a 10 magistrados, el coronel PNP ( R ) Benedicto Jiménez y el congresista Heriberto Benítez por sus relaciones con la organización criminal de Rodolfo Orellana, informa La República.

Orellana Rengifo, acusado de lavado de activos, necesitó de magistrados, fiscales y otros funcionarios para poder operar, según la Procuraduría Anticorrupción, que ha identificado a algunos de los que presuntamente lo ayudaron para apropiarse de inmuebles y evitar denuncias.

La acusación contra los 10 magistrados es por asociación ilícita, cohecho pasivo propio y encubrimiento en agravio del estado.

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De acuerdo al medio, se trata del presidente de la Corte Superior de Ucayali, Francisco Boza Olivari, titulares del 19 y 35 Juzgado Penal de Lima, Héctor Bendezú Cuellar y Juan Changanaquí Romero, la jueza provisional María Carrasco Matuda, y el juez especializado en lo Civil de Chincha, Félix Cáceres Casanova.

La Procuraduría ha solicitado investigar a los titulares del Juzgado de Yarinacocha, Ricardo Castro Belapatiño, de Atalaya, Jorge Reátegui Pisco, de Campo Verde, Wenceslado Portugar Cerruche, el juez Coronel Portillo de Pucallpa y el titular del Cuarto Juzgado Civil de la Corte Superior del Santa.

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“Estos magistrados colaboraron con los fines ilícitos de la organización criminal de Orellana, como actos de asociación ilícita o actos individuales de cohecho propio (sobrono) o encubrimiento personal”, señaló la Procuraduría según el rotativo.

A los magistrados se suman, el congresista Heriberto Benítez, quien ha negado conocer las presuntas actividades ilícitas de Orellana. Sin embargo, para la Procuraduría el legislador usó su condición de parlamentario para favorecer las actividades de la organización y lo sindica como “miembro de la cúpula”.

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“Aprovechó su condición de político para relacionar a la organización criminal con funcionarios públicos, a fin de permitir el ingreso de Coopex (denunciada por la SBS) como otorgante de cartas fianza a empresas que postulaban a licitaciones de obras públicas millonarias”, precisó el procurador, en declaraciones reproducidas por el rotativo.

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