El depósito recibiría hasta 80.000 toneladas de desechos nucleares de 126 lugares de Estados Unidos. (Foto referencial: Getty Images)

El depósito recibiría hasta 80.000 toneladas de desechos nucleares de 126 lugares de Estados Unidos. (Foto referencial: Getty Images)

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El estado de Nevada se vuelve a enfrentar al controvertido proyecto del depósito de residuos nucleares de Yucca Mountain, tras la intención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reactivar esta iniciativa criticada por defensores del medio ambiente y funcionarios locales.

Ubicada a casi 145 kilómetros al noroeste de Las Vegas, el proyecto de esta polémica estructura descansa en el condado Nye, el tercero más grande en superficie del país y donde se extiende la mencionada cadena montañosa formada por rocas volcánicas.

Rodeada además por varias áreas naturales y zonas de importancia para el medio ambiente, como el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Ash Meadows o el Valle del Río Blanco, en Yucca Mountain se busca establecer desde hace años el controvertido depósito con capacidad para almacenar hasta 80.000 toneladas de desechos nucleares.

En 1987, Yucca Mountain fue designada el área en donde se almacenarían residuos industriales, entre ellos nucleares, provenientes desde 126 puntos del territorio nacional, en una iniciativa que vio luego el visto bueno del Congreso de Estados Unidos cuando la aprobó en 2002.

Sin embargo, la extensa oposición que el proyecto ha levantado desde su concepción llevó a que el Gobierno federal, bajo la administración del expresidente Barack Obama (2009-2017), cortara el grifo de fondos en 2012 y que Yucca Mountain no haya acogido desechos nucleares hasta la fecha.

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CON UNA PEQUEÑA AYUDA DE DONALD TRUMP

Esa suspensión podría concluir si es que Donald Trump logra revitalizar este programa, para el que incluyó una partida de 120 millones de dólares en el borrador del proyecto de presupuesto para lo que resta del presente año fiscal, y que finalmente no figuró en la versión que el mandatario firmó el viernes 5 de mayo.

Además de las razones de seguridad y económicas, los opositores a este depósito advierten la amenaza al medio ambiente que entrañaría, habida cuenta que los desechos llegarían en tren hasta la remota zona donde se ubican las instalaciones de este centro.

El viaje en tren atravesaría el país y, según críticos del proyecto, ello constituye un peligro para la seguridad local y nacional por representar un blanco fácil para el terrorismo.

La posible filtración de los residuos a las líneas de agua que llegan a las comunidades aledañas a Yucca Mountain ha sido un punto referencial para oponerse a esta iniciativa.

El Gobierno federal ha señalado que esa posibilidad está ya totalmente descartada, pero los activistas afirman que los accidentes existen, han ocurrido, y no hay necesidad de exponer a la gente.

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“Los argumentos están, son reales y sólidos, y estamos listos para presentarlos si es que el proyecto de Yucca Mountain avanza en Washington. A 90 millas (148 kilómetros) de Las Vegas no vamos a permitir semejante peligro para nuestra gente”, puntualizó Hernando Amaya, de Chispa Nevada, una organización que forma parte de la Liga de Votantes por la Conservación del Medio Ambiente.

Por el contrario, el Gobierno del condado Nye encabeza un grupo de nueve condados de Nevada que se muestran a favor de este depósito, por los beneficios económicos que conlleva y que se extenderán durante décadas.

Esta semana, Dan Schinhofen, presidente de la Comisión del Condado, se mostró decepcionado por la oposición expresada en bloque por los legisladores representantes de este estado en el Congreso de Washington.

“Si la ciencia prueba que Yucca Mountain es un sitio seguro, Nevada y toda la región se beneficiarían de un proyecto de gran capital que generaría miles de millones de dólares”, señaló en un comunicado.

Aún falta para saber qué sucederá con el polémico plan de Yucca Mountain, pero se espera que Donald Trump vuelva a incluir una partida a su favor en el proyecto de presupuesto para el año fiscal 2018, al mismo tiempo que el Gobierno evalúa interponer acciones legales que podrían dilatar por años su puesta en marcha.

Fuente: EFE