Los consejeros y regidores también están incluidos. (Foto: Andina)

Los consejeros y regidores también están incluidos. (Foto: Andina)

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El presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, pidió que se conozcan los antecedentes de casos de corrupción de todos los presidentes regionales y alcaldes del país, así como de los candidatos a estos cargos para las elecciones del 5 de octubre.

En ese sentido, Mendoza solicitó a los titulares de las 31 Cortes Superiores de Justicia de todo el Perú que remitan una relación detallada de todos los procesos judiciales por cualquier tipo de delito iniciados contra autoridades regionales, provinciales y distritales.

La máxima autoridad judicial incluyó en este pedido a los consejeros regionales y regidores municipales a nivel nacional. La Corte Suprema de Justicia precisó que la información debe indicar el número de expediente, el órgano jurisdiccional competente, las partes procesales, la materia y el estado del proceso.

ENLACE: Elecciones municipales en Lima: Solo dos de 42 alcaldes no postulan a reelección

En tanto, un convenio firmado entre el Poder Judicial y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) permite al organismo electoral acceder a la base de datos del Registro Nacional de Condenas y de Antecedentes Penales, para evaluar a los postulantes de los comicios de este año.

“Detectar a tiempo a malas autoridad es vital para no sufrir las consecuencias en el futuro”, resaltó Mendoza. Por intermedio de la Base de Datos del Registro Nacional de Condenas, la información de todos los inscritos en un proceso electoral, en cualquiera de sus distintas etapas, será proporcionada al JNE.

En Lima, solo dos de los 42 alcaldes distritales no se presentarán a la reelección. El nivel de intento de reelección es alto. Hay tres alcaldes de distritos que buscan ocupar el sillón municipal. Salvador Heresi, de San Miguel; Alberto Sánchez Aizcorbe, de La Victoria; y Felipe Castillo, primera autoridad de Los Olivos por 18 años.

Luego del escándalo por las acusaciones de vínculos con el sicariato contra el encarcelado presidente regional de Áncash, César Álvarez, y el caso del procesado titular de Tumbes, Gerardo Viñas, prófugo de la justicia, por citar algunos, la imagen de los gobiernos regionales se encuentra por los suelos.