(Foto: Andina)

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El Gobierno dispuso la movilización de las Fuerzas Armadas a la provincia de Islay, Arequipa, en apoyo de la Policía Nacional para asegurar el control y mantenimiento del orden interno de la provincia en el marco de la protesta contra el proyecto minero Tía María. Del mismo modo, para evitar nuevos actos de violencia, según la resolución suprema publicada este sábado.

En la disposición publicada este sábado en el boletín de normas legales del diario oficial El peruano, el Ejecutivo precisó que las Fuerzas Armadas estarán en Islay desde el 9 de mayo hasta el 7 de junio. Asimismo, indicó que el ingreso de los militares no afectará la vigencia plena de los derechos fundamentales de los manifestantes.

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“La actuación de las Fuerza Armadas estará dirigida a contribuir y garantizar la plena vigencia del derecho a la libertad y seguridades personales, la libertad de tránsito por las vías y carreteras, el derecho a la paz, la tranquilidad y el adecuado funcionamiento de los servicios públicos”, detalló el Gobierno en la medida que lleva las firmas del presidente Ollanta Humala, el ministro de Defensa, Jakke Valakivi, y el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe.

“La intervención de las Fuerzas Armadas, conforme a la presente resolución, no implica en modo alguno la restricción, suspensión, ni afectación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales sobre los derechos humanos de los que el Perú es parte”, agregó el Ejecutivo.

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MINISTROS JUSTIFICAN INTERVENCIÓN DE FUERZAS ARMADAS

La protesta contra Tía María que empezó el 23 de marzo pasado ha dejado hasta el momento dos muertos y decenas de heridos entre ciudadanos y policías.

A propósito del ingreso de las Fuerzas Armadas en Islay, el ministro del Interior indicó que esta medida está amparada por las leyes y que fue discutida de forma responsable por el Gobierno.

“Estamos amparado legalmente, no es la primera vez que las Fuerzas Armadas acuden en ayuda, pero el control sigue a cargo de la Policía Nacional. Las Fuerzas Armadas ayudaran al cuidado a servicios públicos y lugares estratégicos”, señaló.

Por su parte, el ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, apuntó que esta resolución suprema no suspende ni restringe ningún derecho fundamental. Asimismo, dijo que “esta medida se dicta por un plazo de 30 días calendario”.

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