(Foto: Cortesía Morguefile)
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El caso del bebé Gammy, cuya madre de alquiler afirmó que sus padres biológicos australianos se negaron a acogerle porque nació con síndrome de Down, ha llamado la atención internacional sobre la industria tailandesa no regulada de los vientres de alquiler.
A esto se le ha añadido el caso de nueve bebés que vivían en el mismo apartamento de Bangkok, todos ellos nacidos en vientres de alquiler y con el mismo padre japonés, lo que refuerza la sospecha de tráfico de niños.
El gobierno tailandés ha decidido aumentar las restricciones sobre vientres de alquiler. Cuatro parejas, dos estadounidenses y dos australianas, no han podido salir de Tailandia esta semana con sus bebés recién nacidos del vientre de mujeres tailandesas. Todavía no queda claro cómo afectarán estas nuevas medidas a las docenas de mujeres embarazadas de niños cuyos padres biológicos no son naturales de Tailandia.
Nandana Indananda, abogado de Bangkok que ha dirigido un proyecto para esbozar la nueva ley sobre vientres de alquiler, explica en entrevista con DW que, aunque la legislación hará que médicos, intermediarios y clínicas involucradas en el comercio de los vientres de alquiler estén sujetos a castigos “relativamente severos”, las mujeres que alquilan sus úteros no se considerarán culpables de crimen alguno a no ser que se haya hecho publicidad previa. El experto avisa, no obstante, que sus declaraciones no se deberían tomar como asesoramiento legal.
DW: ¿Cómo cambiará la nueva ley el panorama de los vientres de alquiler en Tailandia?
Nandana Indananda: La ley trata dos asuntos principales: 1) si el alquiler de vientres debería estar permitido, y hasta qué punto, y 2) quiénes se deberían considerar los padres del niño nacido con este método. La ley no prohíbe explícitamente ninguna forma de alquiler de vientres, sino que prohíbe que las personas involucradas en este tema colaboren en determinadas actividades.
En primer lugar, prohíbe a los médicos o clínicas procesar un alquiler de útero con motivos comerciales. En segundo lugar, nadie tiene el permiso de establecer o dirigir una agencia de alquiler de vientres con propósitos comerciales. En tercer lugar, nadie podrá publicar anuncio alguno sobre vientres de alquiler por ningún motivo, ya sea comercial o no comercial.
Bajo la ley actual en Tailandia, la mujer que da a luz a un niño es considerada su madre legal: los miembros de una pareja que solicita un útero de alquiler para tener un hijo no podrán ser los padres legales en ningún caso. ¿Cómo cambiará esto la nueva ley?
La ley determinará que, si se cumplen determinadas condiciones, la pareja solicitante podrá ser considerada padres legales, aun si estos fallecen antes del nacimiento del niño. Las condiciones son: 1) la pareja solicitante debe estar legalmente casada, 2) los óvulos y esperma deberán provenir de ambos miembros de la pareja, y 3) la madre de alquiler deberá haber tenido ya un hijo propio y, si está casada, su marido también deberá dar su permiso para la operación.
¿Restringirá esta ley solo el alquiler de vientres por motivos comerciales? ¿Cómo se asegurarán las autoridades de que no se paga por este tipo de operaciones?
La ley solo permite los pagos necesarios para la madre de alquiler y la cantidad y condiciones las determinará la “Comisión de Protección de Niños Nacidos con Tecnología Médica Reproductiva”. No obstante, no existe un mecanismo que prevenga el abuso de este sistema: la ley no culpa a la pareja solicitante o a la madre de alquiler. Aun si la pareja paga más de lo estipulado por la Comisión, seguirán siendo considerados los padres legales y no serán perseguidos por la ley.
¿Qué ocurrirá con los padres y niños que todavía no han nacido y están involucrados en pleno proceso de cambio de la ley?
La ley tiene una provisión retrospectiva que establece que una pareja que engendró un niño antes de la puesta en vigor de la ley podrá reclamar una solicitud de paternidad ante un tribunal. Esta provisión es aplicable aun si la pareja no está casada. A pesar de ello, no queda claro si las parejas extranjeras se beneficiarán de esta provisión.
Nandana Indananda, exjuez del Tribunal Central de Propiedad Intelectual y Comercio Internacional, es socio en el grupo de propiedad intelectual Tilleke & Gibbins’.
(Fuente: Loveday Wright/Deutsche Welle )
