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El Poder Judicial dispuso el bloqueo, inmovilización y levantamiento del secreto bancario de 35 cuentas en bancos nacionales de los hermanos Rodolfo y Ludith Orellana Rengifo.
Del mismo modo, el juez penal nacional Marco Tejada Ortiz autorizó el descerraje, allanamiento e intervención de siete empresas del Grupo Orellana, que estarían siendo usadas como instrumentos del delito, según la investigación fiscal.
El diario La República informó también que se aprobó la incautación de bienes, documentos, libros contables, equipos informáticos y todo aquello que tenga relación con las presuntas actividades delictivas de Rodolfo Orellana.
Las empresas involucradas son Orellana Asesores Consultores, Abogados Peruanos Asociados, Delta Liquidadores y Consultores, Inversiones y Consignaciones San Antonio, Corporación Bioquímica Internacional, Juez Justo TV y Cooperativa de Ahorros y Crédito para Empresas Exportadoras (Coopex).
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Estas disposiciones forman parte de la resolución del 30 de junio que incluyó la detención preliminar de Rodolfo Orellana y 19 de sus colaboradores. Hasta el momento, la policía solo ha detenido al coronel PNP en retiro Benedicto Jiménez, quien habría encabezado el brazo de amedrentamiento de esta supuesta organización, y Jorge Cortez Martínez, sindicado como el hombre clave en las inversiones realizadas por el empresario en Panamá y Colombia.
Según la resolución fiscal, Cortez Martínez se apropió de tres inmuebles en la avenida Argentina, que luego traspasó a su empresa Reswar Corp, la que a su vez los alquiló a su otra empresa, Corporación Bioquímica Internacional. Esa es solo una parte de sus movimientos.
Buscando a Orellana
La policía busca a nivel nacional a Rodolfo Orellana y a su hermana Ludith, quienes probablemente no han salido del país y por eso serían capturados en cualquier momento.
De acuerdo a la fiscalía, los Orellana encabezarían “una compleja organización criminal” que comete delitos de lavado de activos, exactamente lavado de “aparentes derechos de propiedad inmueble” (títulos de dominio) y lavado de “aparentes derechos de crédito”.
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Las pericias reconocen que los investigados intentaban hacerse de bienes, que ya tienen un propietario o posesionario, “mediante actos dolosos” para luego transferirlos a “una primera, segunda o tercera persona, sea natural o jurídica”, cuyo patrimonio era administrado por empresas liquidadoras controladas por los hermanos Orellana.
Siguiendo esta modalidad, explicó la fiscalía, lograron hacerse de cinco terrenos del Ministerio de Educación, inmuebles de la Plaza de Toros, el camal de Yerbateros, Carvatel, Scotiabank, entre otros casos.
Haciendo referencia al papel de Benedicto Jiménez, la resolución fiscal señala que “la organización liderada por Orellana contaría también con un aparato de amedrentamiento a fin de infundir temor a la población. Para ello, por intermedio de Juez Justo ataca a diversas personalidades del país que denunciaron o investigan los actos que hoy son materia de investigación, causando zozobra en la población”.
“Estos hechos estarían liderados por el brazo derecho de Rodolfo Orellana, Benedicto Jiménez, quien además de ser socio o representante de algunas de las empresas del líder de la organización, al ser ex integrante del GEIN conocería de estas acciones temerarias”, agrega.
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Jiménez permanece en la sede de la Dirincri, mientras que el fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, adelantó que las órdenes de detención podrían ampliarse.
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