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El actual presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza Ramírez, es objeto de llamadas amenazantes y extorsivas, aparentemente provenientes del penal de Lurigancho, reveló un reportaje de La República. Esta situación ha provocado el inicio de una investigación en la 40ª Fiscalía Provincial Penal de Lima.
Las amenazas a Mendoza comenzaron cuando todavía era jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), una entidad que fiscaliza a todos los magistrados del Perú.
El reportaje del diario local señala que, en un principio, el presidente de la Corte Suprema no le dio mucha importancia a las llamadas, tomándolos como gajes del oficio del OCMA. Pero al ver que estas se extendían a una semana después de que asumiera su nuevo cargo, dio constancia a su seguridad, iniciando una investigación.
Las llamadas, que ocurrieron el 28 y 31 de diciembre, además del primero, 5 y 8 de enero según lo reportado a la policía, fueron rastreadas al número 3989826, un teléfono público instalado en el centro penitenciario de Lurigancho. Diversas fuentes indican que las llamadas se iniciaron aproximadamente a una semana de que Mendoza fuera elegido a la jefatura del Poder Judicial, entre el 10 y 11 de diciembre.
Si bien la Policía no ha confirmado el contenido de las llamadas, una fuente judicial indicó que los criminales le estarían pidiendo a Mendoza una suma alta de dinero a cambio de no hacer público un asunto de su vida personal.
