Trabajadores de Doe Run piden laxar normas. (Foto: EFE)
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Los estándares ambientales que demandan para subastar el Complejo Metalúrigico de La Oroya (CMLO), localidad donde ha muerto una persona en protestas de trabajadores de ROE Dun, no pueden flexibilizarse, subrayó el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal.
En ese sentido, recalcó que el Estado debe proteger la salud de las personas y observó que si cambian las reglas de operación en la zona perderían un arbitraje internacional ante el grupo Renco por US$500. Los manifestantes piden rebajar medidas y reabrir la planta, inoperativa desde 2009.
“Es un estándar absolutamente razonable. El estándar del 2001 no se puede mover por el tema del arbitraje y porque al Estado le corresponde proteger la salud de las personas. Si nosotros le damos a un operador mayor flexibilidad del que se exigió a Renco, el Perú perdería el arbitraje al que está sometido el Estado”, argumentó.
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Pulgar Vidal precisó que el Estándar de Calidad del Aire (ECA) fijado desde 2001 es de 80 microgramo por metro cúbico anual de emisiones de polvo y metales, de acuerdo al Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC), y no de 20 por día como se rumoreó.
El requerimiento se incluye en la demanda de arbitraje ante la CIADI planteada por Renco, propietario de la metalurgia a través de Doe Run Perú, por el cierre de operaciones debido a la adecuación ambiental, entre otros factores.
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“No lo aceptan (la flexibilización) por dos motivos: porque La Oroya emite 732 microgramos por metro cúbico en promedio anual, eso significa que hay momentos en que una chimenea emite cerca de mil”, añadió.
El 24 de agosto el Gobierno tomará una decisión definitiva respecto a la planta, tras una reunión con los acreedores para decidir si mantienen las normas establecidas o venden.
