Quirós, con más de 30 años viviendo en Nicaragua, los últimos 21 con nacionalidad nicaragüense, fue arrestada y puesta en la frontera con Costa Rica el lunes. (Foto: EFE)
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El Gobierno de Nicaragua retiró la nacionalidad nicaragüense a la feminista nacida en Costa Rica Ana Quirós antes de expulsarla del país, informó hoy el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
“La forma en que ayer la despojaban de su nacionalidad como nicaragüense fue arbitraria, abusiva, fue una demostración de odio”, dijo a periodistas la abogada del Cenidh, Wendy Flores.
Quirós, quien llevaba más de 30 años viviendo en Nicaragua, los últimos 21 con nacionalidad nicaragüense, fue arrestada y puesta en la frontera con Costa Rica la tarde del lunes, confirmaron las autoridades costarricenses.
Flores afirmó que no existe razón para haber despojado a la feminista de su nacionalidad nicaragüense, ya que legalmente goza de los mismos derechos que los ciudadanos naturales del país.
“Todos los nicaragüenses tenemos los mismos derechos, no hay excepciones para los nacionalizados, la Dirección General de Migración y Extranjería no puede actuar unilateralmente para quitarle la nacionalidad”, resaltó.
Según la Ley de Nacionalidad, una persona nacionalizada como nicaragüense puede perder su nacionalidad cuando renuncie a la misma, adquiera una tercera, reincida en delitos mayores, se niegue a defender la Patria o sea condenada por traición a la Patria.
En los dos primeros casos el Gobierno debe presentar “pruebas fehacientes” y en los restantes se necesita un proceso legal que no dura menos de dos semanas.
El Cenidh se quejó de que a Quirós se le retiró la nacionalidad y se le expulsó de Nicaragua en cuestión de horas, sin acusación, explicación, pruebas, ni proceso legal.
La expulsión de la feminista se da en medio de una crisis sociopolítica que estalló en abril pasado y ha dejado entre 325 y 545 muertos, 610 “presos políticos”, cientos de desaparecidos y miles de heridos, de acuerdo con cifras de organismos humanitarios locales e internacionales.
Además miles de nicaragüenses han salido del país huyendo de la violencia, y Costa Rica es uno de los mayores receptores de la población, que supera los 25.000.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.
El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, quien reconoce 199 muertos y 273 detenidos que denomina “terroristas”, “golpistas” y “delincuentes comunes”, rechaza toda responsabilidad, y sostiene que venció un intento de “golpe de Estado”.
Las protestas contra Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario tras 11 años de Gobierno, por el saldo mortal en las manifestaciones.
Fuente: EFE
