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Los nigerianos votarán el próximo sábado para renovar su Parlamento y elegir un nuevo presidente, en una cita que deberá sortear dos tipos de violencia: la de los yihadistas de Boko Haram y los enfrentamientos que puedan desencadenarse entre simpatizantes de los dos principales partidos.
Cerca de 69 millones de nigerianos están llamados a participar en las quintas elecciones del país más poblado de África, con 170 millones de habitantes, desde su vuelta a la democracia en 1999.
Tras 15 años de dictadura militar y la lista de insurrecciones que siguieron a su independencia de Gran Bretaña en 1960, Nigeria vive actualmente su periodo democrático más largo.
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El presidente nigeriano y candidato a la reelección por el Partido Democrático del Pueblo (PDP), Goodluck Jonathan, y su principal rival, Muhammadu Buhari, del Congreso de Todos los Progresistas (APC, en inglés), se enfrentan en unos disputados comicios que, al igual que en anteriores convocatorias, podrían estar marcados por la violencia.
Pese a los avances de la campaña militar contra Boko Haram, iniciada hace dos meses por una fuerza aliada regional liderada por Chad, se teme que muchos colegios electorales no puedan abrir en el norte, donde los terroristas controlan amplias zonas.
No en vano, la inseguridad sostenida en la zona – donde Boko Haram ha perpetrado una campaña constante de secuestros, atentados y matanzas en los últimos años – fue el argumento de Jonathan para aplazar al 28 de marzo las elecciones convocadas inicialmente el 14 de febrero, apenas unos días antes de su celebración.
Semanas antes, el asesor de Seguridad Nacional Sambo Dasuki ya había dado pistas sobre la intención del Ejecutivo retrasar las elecciones al afirmar que no había tiempo suficiente para distribuir las tarjetas biométricas necesarias para ejercer el voto.
Finalmente, los comicios fueron postergados con la finalidad de lanzar una ofensiva contra los yihadistas, que en las últimas semanas se ha saldado con importantes avances sobre sus plazas más importantes.
El principal partido de la oposición, el APC, denunció que la intención del mandatario nigeriano era la de evitar ser derrotado: “Saben a ciencia cierta que, si no posponen las elecciones, no habrá ningún modo de que puedan ganar. Están aterrorizados”, dijeron.
Todavía hoy, la formación opositora teme que el Gobierno vaya a intentar echar por tierra los comicios utilizando los tribunales, que ya han recibido una oleada de denuncias contra el candidato del APC, al que no consideran cualificado para aspirar a la presidencia.
A Buhari, un general retirado que fue jefe de Estado en la época del régimen militar, se le reprocha que no tenga estudios de secundaria, críticas que podrían desencadenar una ola de violencia, especialmente en el norte musulmán, advierten los analistas.
De hecho, su derrota en las elecciones presidenciales de 2011 desencadenó una espiral violenta que causó 800 muertos en el norte.
“Los que están tratando de descalificar a Buhari están jugando con fuego”, alertó el analista político Tayo Olumoye.
Simpatizantes de ambos partidos ya han chocado durante la precampaña, en la que oficinas del APC han sido bombardeadas en el estado petrolero de Rivers, y algunos de sus militantes han sido atacados en el norte, en el estado de Sokoto.
Por su parte, el convoy del presidente Jonathan fue apedreado y el mandatario logró escapar de un atentado suicida en la ciudad septentrional de Gombe.
Por ello, se teme que, antes incluso que ninguna otra circunstancia, una escalada violenta ponga en peligro las elecciones, alerta el observatorio International Crisis Group.
“La violencia de los insurgentes de Boko Haram, las distintas demandas a la Presidencia desde el norte musulmán y el sur cristiano, la inadecuada organización electoral y el sesgo de las agencias de seguridad apuntan a una peligrosa competición, cuyos resultados serán también disputados”, según un informe de esta organización.
Estados Unidos ya advirtió en febrero de que sancionará a aquellos políticos que recurran a la violencia durante los comicios, mientras que la Corte Penal Internacional ha recordado su jurisdicción para perseguir a los responsables de la violencia electoral.
Más allá de la violencia, el ganador de los comicios deberá enfrentarse a grandes desafíos en un país complejo, que lucha desde 2009 contra unos terroristas que acaban de afiliarse al Estado Islámico, y contra las enormes desigualdades que dividen a su población.
(Fuente: EFE)