(Foto: EFE)
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La directora regional adjunta de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe, Lara Blanco, aseguró en declaraciones a Efe que no se puede ser “complaciente con los datos” obtenidos de los indicadores de igualdad si se quiere alcanzar el objetivo de paridad entre hombres y mujeres para 2030.
“No podemos menospreciar la magnitud del desafío, pero no podemos ni renunciar ni ser complacientes”, comentó Blanco, quien citó algunos de los problemas de la región, como la brecha salarial, los permisos de maternidad y paternidad, el feminicidio y la desventaja de las mujeres rurales.
Blanco se mostró “optimista” y consciente de que “2030 es un plazo ambicioso que requerirá planes igualmente ambiciosos”, distintos a los que se siguieron para los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya que ahora “las condiciones no son halagadoras”, aunque se cuenta con “la certeza de que se pueden hacer cosas” porque la región ya las hizo antes.
No obstante, lamentó que las mujeres “no se lograron beneficiar en igualdad” de la “prosperidad” y “generación de oportunidades” que vivió la región en la época de bonanza económica, cuando, además, también había varias presidentas y primeras ministras en distintos países de la zona.
Blanco, de visita en Asunción por su participación en un coloquio internacional organizado en Asunción por la FAO y ONU Mujeres, desgranó los distintos desafíos que tendría que enfrentar la organización de cara a 2030 para “no dejar a nadie atrás” y no olvidar “a las mujeres rurales e indígenas”.
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En primer lugar, reconoció que “hay una gran necesidad de datos”, ya que la organización no ha sido “tan efectiva en generar datos que hablen de la participación de las mujeres”.
Asimismo, subrayó que si bien la región cuenta con “marcos legales y políticas públicas”, estos “nunca llegan a implementarse”.
Este problema de la ejecución de las políticas va acompañado, en su opinión, de “un tema cultural” que ha impedido “derribar muchos mitos”.
Una de estas ideas persistentes que Blanco quiso desmitificar fue la ausencia de mujeres en la vida pública, aunque matizó que su papel no siempre se reconoce.
“Las mujeres han sido parte de los movimientos de la tierra y por el acceso a la propiedad en igual medida que los hombres, pero no necesariamente se han beneficiado” y puso como ejemplo los acuerdos de paz de Centroamérica en los 90 y también las negociaciones de paz en Colombia.
También señaló que las mujeres participan en “grandes números”, pero lamentó que “a la hora de dejar constancia del liderazgo público terminan apareciendo los hombres” y las mujeres terminan cediendo su espacio “por razones culturales”.
Además, las mujeres continúan recibiendo “embates muy fuertes” que cuestionan su liderazgo con “interrogaciones sobre su vida familiar, sus responsabilidades o su físico”.
Estos ataques públicos se dan, sobre todo, en los casos en los que las mujeres luchan por romper el conocido techo de cristal, pero ONU Mujeres cita también las escaleras rotas, cuando pesan las responsabilidades familiares, y de pisos pegajosos, donde se encuentran las mujeres rurales e indígenas.
Por este motivo, Blanco matizó que cuando se habla de empoderamiento femenino no siempre “se enfrentan los mismos obstáculos”, que en el caso de este último grupo son el analfabetismo, los embarazos adolescentes por falta de derechos reproductivos y sexuales, la dependencia económica de sus parejas o la violencia.
Respecto a la dependencia económica, recordó que “en el medio rural, la tierra es central para el crédito, para negociar en la familia y para repeler una situación de violencia”.
Blanco insistió en el “empoderamiento económico de las mujeres” y su implicación en cuestiones legales y de propiedad para garantizarse “protección para el futuro”.
De cara a la vejez, advirtió de la necesidad de “regímenes que vengan a complementar y que beneficien a las mujeres adultas”, como los sistemas de pensiones no contributivas.
Blanco también mostró su preocupación por otras políticas sociales como los permisos de maternidad y paternidad, el acceso a la justicia, la implicación pública y privada en cuestiones de igualdad y la reducción de brechas laborales y salariales.
Fuente: EFE
