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En conferencia de prensa, el juez Malzon Urbina explicó su controversial fallo que permite el retorno de los comerciantes a La Parada y dijo que la Municipalidad Lima cometió delito contra la fe pública al desalojarlos en octubre del 2012.
Urbina dijo que el contrato de donación por el cual la familia Cánepa cedió el terreno donde se construyó el otrora centro de abastos establecía que “el terreno era donado para el funcionamiento de un mercado mayorista, otro minorista y la apertura de vías pertinentes”.
Según el juez, este contrato era inalterable, por lo que la disposición municipal que modificó la condición del centro de abastos para que sea un parque es “fraudulenta”.
Malzon Urbina insistió en que el camino correcto era el de un desalojo judicial de los comerciantes.
