México: Gobierno niega lentitud y defiende su labor en caso Iguala

Para el portavoz presidencial de México, Eduardo Sánchez, el Gobierno y la Fiscalía han realizado una labor “impecable” en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos hace tres medios y medio en Iguala.

“Creemos que la participación del Gobierno Federal, particularmente de la Procuraduría General de la República (PGR), ha sido impecable” porque “se han cubierto todos los requisitos que una investigación profesional a nivel internacional son reconocidos para tal efecto”, señaló.

Según Sánchez, “se han seguido todos los protocolos, se ha sido minucioso en la investigación, se ha sido escrupuloso en la manera de aportar incluso los datos a la opinión pública” y “el trabajo de la PGR ha sido muy profesional”.

Sin embargo, admitió en referencia al malestar de los padres de las víctimas que “la desaparición de un ser querido tampoco va a dejar nunca satisfecho a nadie”.

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De todos modos, indicó que el Gobierno tiene que hacer “la investigación” y “darles a ellos toda la asistencia psicológica, jurídica y de cualquier otra disciplina para que puedan enfrentar este procedimiento desde el punto de vista legal y humano y de la mejor manera posible”.

“La desaparición de unas personas como ocurrió allá es algo irreparable y en ese sentido no hay nada que hacer”, agregó.

Sobre las críticas contra el presidente Enrique Peña Nieto por la supuesta lentitud en el caso, aclaró que “la realidad es que se trataba de un asunto que correspondía en principio a la procuraduría estatal”.

“Después se tomó la decisión de que la PGR interviniera de manera directa y los resultados están allí”, apuntó.

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Eduardo Sánchez dijo que “ya hubo un resultado parcial” en alusión al hallazgo de los restos de una de las víctimas en un vertedero donde los criminales del cártel Guerreros Unidos supuestamente quemaron a los jóvenes.

El portavoz presidencial recordó que entre las acciones fijadas por el gobierno de Peña Nieto para 2015 están varias reformadas enviadas al Congreso.
Estas contemplan, entre otras cosas, eliminar a las corruptas policías municipales y crear un mando único de policía estatal en los 32 estados nacionales. Además, disolver una alcaldía cuando existan indicios de que la autoridad municipal está vinculada al crimen organizado.