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El Gobierno México busca criminalizar las protestas por los 43 desaparecidos de Iguala, denunciaron oenegés defensoras de derechos humanos tras la detención de 11 manifestantes.
“Es una privación ilegal de la libertad ejercida por el Estado mexicano. Son presos políticos, es un mensaje de miedo que quieren dar a los jóvenes”, advirtió Jesús Rojas, tío de uno de los arrestados.
La fiscalía informó el sábado 22 que los detenidos están acusados de “homicidio en grado de tentativa, asociación delictuosa y motín, derivado de los disturbios acontecidos durante las manifestaciones” del jueves 20, cuando los activistas se enfrentaron con petardos y palos a fuerzas antimotines frente al Palacio Nacional.
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“El objetivo al poner esos delitos tan graves es criminalizar a las personas para que los demás pensemos que ellos son los violentos y para evitar que salgan bajo fianza”, opinó el activista Francisco Cerezo, quien cuestionó que los intervenidos hayan sido recluidos en un penal de máxima seguridad.
Entre los detenidos se encuentra el chileno Laurence Maxwell Ilabaca, de 47 años y estudiante de doctorado en la pública Universidad Nacional Autónoma de México. La multitudinaria protesta es, hasta hoy, el último de los actos por secuestro y asesinato de los normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero, perpetrada por policías y narcotraficantes el 26 de septiembre.
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