Evalúan pedir el levantamiento del secreto bancario de empresas vinculadas a Julio Gagó

El Ministerio Público evalúa solicitar el levantamiento del secreto bancario, la reserva bursátil y tributaria de las empresas vinculadas al congresista de Fuerza Popular Julio Gagó Pérez. Así lo dio a conocer Carlos Nivin Valdiviezo, fiscal superior adscrito al Despacho del Fiscal de la Nación.

“La fiscalía puede solicitar estas medidas a personas que no tengan la prerrogativa del antejuicio o inmunidad parlamentaria, que pudieran estar vinculadas como son las personas jurídicas que podrían o hayan intervenido (en este caso). La fiscalía sí puede solicitar información y disponer estas medidas sin ningún problema”, indicó.

Según dijo, este pedido se haría en vista que el Ministerio Público está impedido por ley de solicitar directamente el levantamiento del secreto bancario de los congresistas, a diferencia de otros altos funcionarios que están inmersos en una investigación fiscal, como por ejemplo los ministros, ex presidentes, fiscales o vocales.

“La ley que autoriza recabar este tipo de documentación ha excluido a los congresistas. No sabemos el fundamento, es decir, a un congresista no se le puede solicitar el levantamiento del secreto bancario, ni la reserva bursátil ni tributaria, ni tampoco disponer medidas de limitación de derechos como allanamiento e incautación de documentos. Esta situación no impide que la fiscalía pueda solicitar estas medidas a las personas jurídicas que pudieran estar involucradas”, declaró al programa Los fiscales.

En ese sentido alegó que el Parlamento es el ente autorizado para disponer estas medidas.

El magistrado agregó que la fiscalía cuenta con un plazo de 60 días para concluir la investigación abierta contra el parlamentario, en torno a las presuntas contrataciones con el Estado, al que habría incurrido a través de la empresas Copy Depot.

“Al finalizar (la investigación fiscal) se emitiría un pronunciamiento, que sería derivado, luego, al Congreso de la República. (De haber delito), el parlamento debería iniciar un procedimiento de acusación constitucional ante la sub comisión de acusaciones constitucionales, luego pasarlo al Pleno de la República, a fin de que tras un debate, se le autorice a la Fiscalía y al Poder Judicial iniciar un procedimiento judicial por estos hechos”, concluyó.