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El coste de la reconstrucción por el terremoto de abril pasado, que dejó 663 fallecidos en Ecuador , ascenderá a unos 3.344 millones de dólares, según el Gobierno que se apoyará para la financiación en organismos internacionales, el sector privado y la ciudadanía.
Así lo aseguró hoy la titular de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Sandra Naranjo, quien comentó que la cifra estimada para la reconstrucción, incluye la restitución de mejor manera de los activos que se perdieron, así como el valor de los bienes que se dejan de producir y los servicios que se dejan de prestar como consecuencia del terremoto.
También se incluyen los costes adicionales que son los gastos en que se incurrieron durante la emergencia y la etapa de recuperación, como, por ejemplo, el tener escuelas y hospitales móviles, entre otros.
“Sumando estos tres rubros, (…) el costo estimado para el país es de 3.344 millones de dólares. El 67 por ciento de ese costo lo va a asumir el sector público y el 33 por ciento será un costo ya del sector privado”, dijo.
Detalló que serán 2.253 millones de dólares los que corresponden al sector público y 1.091 millones estimado para el privado.
El sector social acapara el mayor porcentaje de los costes de reconstrucción (41 %), seguido por el productivo (31 %), el sector de infraestructura (26 %) y otros (2 %) en lo que se incluye temas de medioambiente o seguridad, entre otros.
Naranjo dijo que mil de los 2.253 millones de dólares se financiaran con la llamada Ley de Solidaridad, aprobada el pasado 12 de mayo por la Asamblea Nacional del Ecuador y que genera impuestos y contribuciones, así como incentivos tributarios en las zonas afectadas para apuntalar su reconstrucción.
El proyecto legal dispone, entre otras cosas, la elevación por hasta un año del impuesto al valor añadido (IVA) del 12 al 14 por ciento, aumento que comenzó a regir hoy.
La ley también incluye el aporte de un día por un año del sueldo de los trabajadores que ganen más de 1.000 dólares mensuales, de dos días para quienes ganen de 2.000 dólares y así progresivamente hasta los 5.000 dólares en adelante.
Asimismo, el aporte del 0,9 por ciento de los patrimonios de personas que superen el millón de dólares y el 3 por ciento de las utilidades que las empresas han obtenido en 2015, por una sola vez.
La ley estipula que cada tres meses, el Ministerio de Finanzas debe rendir cuentas ante la Asamblea sobre las recaudaciones, dijo Naranjo.
Añadió en rueda de prensa que se creará una cuenta especial para que se pueda ver, en línea, en el Presupuesto cómo se ejecuta cada uno de los rubros para la reconstrucción en las provincias de Manabí y Esmeraldas, las más afectadas.
Naranjo detalló que, además, en la financiación del sector público unos 660 millones provendrán de líneas contingentes de organismos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros, así como 400 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional.
“La diferencia es con presupuesto general del Estado y otros”, indicó.
Según Naranjo, el impacto de las consecuencias del terremoto en el producto interno bruto “sería un decrecimiento de 0,7 puntos porcentuales, acompañado de una pérdida del 0,22 por ciento del ‘stock’ de capital, y se perdieron 21.823 puestos de empleo formales e informales”, anotó.
La titular de Senplades dijo que normalmente el Banco Central hubiera publicado en mayo sus estimaciones de crecimiento, pero los acontecimientos de abril, modificaron los tiempos.
“El 0,7 puntos porcentuales es únicamente la variación sin políticas activas ante lo ocurrido”, dijo al recalcar que el Banco Central publicará en las próximos semanas la cifra oficial.
El representante de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Omar Bello, subrayó que la estimación de los 3.344 millones de dólares es un “piso”, y que la cifra podría variar.
Aunque no se ha informado sobre plazos para la reconstrucción, Bello dijo a Efe que la experiencia internacional dice que en Chile y Colombia tardaron “cuatro años en realizar una reconstrucción”.
(Fuente: EFE)