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El comité pro revocatoria de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, denunció hoy a a la burgomaestre por los supuestos delitos de falsedad genérica y contra la fe pública por el polémico contrato firmado entre el área de Seguridad Ciudadana (a cargo entonces de Gabriel Prado) y una empresa privada para la implementación de unidades de serenazgo.
“Hemos venido a presentar una denuncia contra la señora alcaldesa y dos funcionarios más de la Municipalidad de Lima. Anoche un programa ha señalado la comisión de delitos a raíz de la adquisición irregular de patrulleros. Esto llama poderosamente la atención”, manifestó el personero legal del ‘Sí’, Luis Tudela.
En diálogo con la prensa, el letrado manifestó que estas infracciones habrían sido cometidas por la desesperación que tiene la gestión edil para no ser revocada.
“Creo que la desesperación por no ser revocada hace que la gestión pública cometa cada vez más errores”, refirió el abogado.
Si bien dijo que todo depende de la acusación fiscal y del proceso legal que se siga, en caso se encuentre culpable a la autoridad edil, ésta podría ir hasta seis años a prisión. “Esto ya depende del proceso, pero estamos hablando de una pena de casi seis años”, indicó.
LO OCURRIDO CON PRADO
Anoche el programa Cuarto Poder reveló que la gestión de Gabriel Prado presentó oficialmente un conjunto de patrulleros que, casi un mes después, aún no pueden ser utilizados. Además se alquiló circulinas por miles de soles, para finalmente tampoco ser utilizadas.
Hoy esto generó la renuncia de Prado, quien se desempeñaba actualmente como gerente de Emape.
