Álvarez dijo que no saldrá del país y que afrontará todas las investigaciones. (Foto: Andina)
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La Procuraduría Anticorrupción solicitó al Ministerio Público la detención preventiva del presidente regional de Áncash, César Álvarez, y otros seis funcionarios públicos de esa jurisdicción. Se les acusa de asociación ilítica para delinquir en el caso conocido como ‘La Centralita’.
Este predio, ubicado en la urbanización La Caleta, habría sido utilizado por Álvarez y sus correligionarios para espiar y chuponear a sus rivales políticos en la región norteña. El 13 de julio de 2001 fue allanado por el Ministerio Público.
Durante la intervención estuvieron en el lugar el congresista Heriberto Benítez –quien vivía en el edificio en un cuarto alquilado– junto a su colega Víctor Crisólogo, también parlamentario por Áncash, y el controvertido presidente regional.
El procurador Christian Salas explicó que hay indicios suficientes para la solicitud, debido a que existe peligro de que Álvarez –investigado por corrupción y sindicado como autor intelectual de asesinatos en la región– fugue del país, tal como la advirtió Fiorella Nolasco, hija del fallecido exconsejero Ezequiel Nolasco.
“Se habría formado una organización jerarquizada, con roles específicos, para cometer delitos penales”, añadió Salas tras enfatizar que la solicitud debe ser respondida hoy mismo por la Junta de Fiscales del Santa, presidida por Nancy Moreno Rivera. De proceder, un juez convocará a una audiencia para debatir el tema.
Álvarez había sido excluido del caso ‘La Centralita’ por el delito de peculado gracias a un hábeas corpus que presentó su defensa. Sin embargo, el Ministerio Público también investiga la presunta asociación ilícita, por lo que la solicitud contra el presidente regional tiene asidero jurídico.
Según versiones periodísticas, Álvarez querría solicitar asilo a Brasil para evadir las investigaciones en su contra. El presidente regional adelantó que no será candidato a la reelección en los comicios de octubre de este año. ‘‘Yo afrontaré los procesos judiciales acá’‘, fue la respuesta del presidente regional.
¿Indicios o coincidencias?
Además del asesinato a balazos de Nolasco y del atentado contra el postulante regional Juan Calderón, se sospecha de la intervención de la “mafia regional” –tal como la llaman los rivales políticos de Álvarez– en la muerte en 2010 de Roberto Torres, hijo político de Nolasco.
Durante la investigación de ese crimen se comprobó que el alcalde del Santa, Luis Arroyo Rojas, y los sicarios intercambiaron llamadas. Además, hubo un testimonio central: el de Hilda Saldarriaga, cónyuge de uno de los acusados. Ella indicó que fue testigo de las coordinaciones de su pareja, Arnaldo ‘Nayo’ Ordinola, con sus cómplices.
Incluso apareció un video con el testimonio de Saldarriaga, pero ella cambió su versión de forma inexplicable. En julio del año pasado, la mujer fue asesinada de siete balazos en su vivienda. El crimen aún no ha sido esclarecido y Arroyo – aliado político de Álvarez– fue separado de las indagaciones.
