(Foto: Army.mil)
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Amnistía Internacional denuncia fallas de la justicia militar estadounidense, que ha dejado impunes crímenes y abusos cometidos en Afganistán. DW conversó al respecto con Horia Mosadiq, investigadora de AI.
El informe de 84 páginas, presentado este lunes (11 de agosto), acusa a la justicia militar estadounidense de no efectuar por lo general investigaciones formales sobre casos que han cobrado víctimas civiles en Afganistán.
Centrándose principalmente en ataques aéreos y operaciones nocturnas de las fuerzas estadounidenses entre 2009 y 2013, los autores del reporte señalan que aparentes crímenes de guerra han quedado impunes. Al respecto conversamos con Horia Mosadiq, especialista de Amnistía Internacional en Afganistán.
¿Cuáles son las principales conclusiones del informe?
El reporte examina casos en que las fuerzas internacionales han dado muerte a civiles afganos, centrándose particularmente en los que no han sido objeto de investigaciones serias para esclarecerlos.
Incidentes como el que costó a vida a cinco civiles en las cercanías de Gardez, en febrero de 2010, en los que parecen haberse cometido crímenes de guerra, no fueron investigados ni sancionados. El informe también documenta la imposibilidad de los afganos comunes y corrientes de acceder a la justicia, en parte porque las fuerzas internacionales gozan de inmunidad ante las cortes afganas. En la gran mayoría de los casos, cuando hay evidencia que sugiere que los ataques fueron ilegales, los familiares de las víctimas no tienen medios para iniciar una investigación. En su desesperación, muchos organizan protestas públicas, para conseguir un poco de atención. Es extremadamente inusual que casos que involucren a víctimas civiles afganas sean investigados formalmente. Incluso si eso ocurre, hay grandes problemas en el sistema de las cortes militares.
El reporte también acusa a los militares estadounidenses de haber cometido “aparentes crímenes de guerra” en Afganistán. ¿Cómo se llegó a esa conclusión?
Desde la perspectiva del derecho internacional humanitario –-las así llamadas ‘leyes de guerra’, que rigen en situaciones de conflicto armado-– no todo acto de dar muerte a un civil es ilegal o constituye un crimen de guerra. Pero un ataque indiscriminado o desproporcionado que cause la muerte o heridas a civiles es un crimen de guerra. Lo mismo vale cuando son blanco (de ataques) civiles no involucrados directamente en las hostilidades.
Pero en algunos casos que hemos documentado hay evidencias convincentes de crímenes de guerra. Para aclararlo con mayor certeza se requeriría una investigación completa. Ese es en parte el motivo por el que publicamos este informe; exhortamos a realizar tales investigaciones.
¿Qué pruebas tienen?
Nos concentramos en 10 de los casos más emblemáticos con víctimas civiles causadas por las fuerzas internacionales entre 2009 y 2013. Algunos de ellos han sido cubiertos ampliamente por la prensa, como el ataque aéreo realizado en Kunduz en 2009, a instancias de militares alemanes. Otros son menos conocidos.
Un caso de diciembre de 2012, en que un ataque con drones mató a cuatro hombres y un niño, nunca había sido reportado por la prensa. Realizamos nuestras propias investigaciones en terreno sobre cada uno de estos casos, hablamos con unos 125 testigos, muchos de los cuales nunca habían hablado públicamente antes. Las evidencias son amplias. Estamos entregando tanto los resultados de nuestras propias investigaciones como documentaciones realizadas por otras organizaciones y periodistas.
¿Con cuánta frecuencia se investigan denuncias de este tipo?
Las investigaciones de estos casos son muy poco frecuentes. En el período que examinamos, solo encontramos seis casos en los que personal militar estadounidense ha sido objeto de un proceso de investigación judicial por el cargo de haber estado involucrado en la muerte de civiles en Afganistán. La médula del problema es un sistema de justicia militar estadounidense profundamente defectuoso.
Este sistema contempla que los propios soldados o comandantes reporten posibles violaciones de derechos humanos, pero hay pocos incentivos para hacerlo y corren el riego de terminar ellos mismos ante un tribunal por denunciar abusos en los que hayan participado. En las escasas ocasiones en que hay un proceso, existe preocupación acerca de la independencia de las cortes militares y rara vez las víctimas afganas son llamadas a testificar.
¿Qué debería hacer Estados Unidos al respecto?
Estados Unidos debe reformar con urgencia su sistema de justicia militar para poner fin a la impunidad. Hay otros países que pueden servir de ejemplo. En las pasadas dos décadas, países como el Reino Unido, Canadá, Bélgica y Nueva Zelanda han realizado amplias reformas “civilizando” sus sistemas de justicia militar en buena medida, limitando el papel de los comandantes, fortaleciendo la independencia de los jueces y estableciendo mecanismos externos para que los responsables tengan que rendir cuentas.
(Fuente: Gabriel Domínguez/Deutsche Welle )
