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En respuesta a los cuestionamientos por las 5.500 gracias presidenciales otorgadas durante su mandato, 400 de estos beneficios para narcotraficantes, el expresidente Alan García declaró hoy que no se “lavó las manos” y revisó los expedientes de los reclusos que solicitaron la reducción de su pena.
“La reducción de la pena es una facultad exclusiva del presidente, hay gobiernos que prefieren lavarse las manos, otros que siguen el camino de la indiferencia o la crueldad. Yo prefiero la comprensión y compasión. Es mi convicción moral, no es un delito”, manifestó en una conferencia de prensa.
Respecto a los traficantes de drogas que recibieron el beneficio, el exmandatario señaló que muchos son “casos de burriers, turistas carentes de formación moral a los que le proponen pasar droga en sus estómagos. En sus casos creímos que a los tres años deberían ser expulsados del país, comprando su pasaje y prohibidos de regresar”.
El líder aprista aseguró que uno de los objetivos era reducir el hacinamiento en los penales, pues se otorgaron 5.000 reducciones para una elevada población penitenciaria de 47.000 internos.
Además, García citó los casos de microcomercializadores y subrayó la condición económica humilde de la mayoría de presidiarios que recibieron la gracia. “Todo lo que se ha hecho está estrictamente dentro de la ley (…). Quienes delinquen tienen derechos humanos. Es mi conciencia como hijo de preso político”, acotó.
