Susana Castañeda consideró fundamental la decisión de abrir investigación preparatoria en casos de este tipo. (Foto: El Peruano)

Susana Castañeda consideró fundamental la decisión de abrir investigación preparatoria en casos de este tipo. (Foto: El Peruano)

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212 funcionarios públicos fueron condenados por delitos de corrupción durante el año 2013. Así lo informó Susana Castañeda, presidenta de la Sala Penal de Apelaciones y coordinadora del subsistema anticorrupción de la Corte de Lima.

“Se emitieron 212 condenas, de las cuales 124 corresponden a terminaciones anticipadas, 21 a conclusiones anticipadas y 67 a las emitidas luego del juicio oral, esto demuestra un incremento notorio respecto al 2012 en el que se registraron 126 sentencias condenatorias”, indicó.

En declaraciones que recoge la Agencia Andina, Castañeda precisó que en el caso de servidores públicos de instituciones del Estado se decidió pasar a juicio oral, emitiéndose 88 condenas en dicha etapa procesal.

De estos, 69 fueron sentenciados a penas suspendidas en su ejecución y 19 a pena efectiva, siendo estos últimos a los que se les adiciona la pena de inhabilitación y queda fuera de administración pública.

Además, explicó que según el análisis realizado por el subsistema, se registraron 20 condenas en la Policía Nacional del Perú, seguido por los particulares (8), Ministerio de Salud (8), Cofopri (6), municipios (5) y Ministerio del Interior (3).

Asimismo, el Ministerio de Educación (2), Caja de Pensiones Militar Policial (2), Reniec (2), Ministerio de Justicia (1), Poder Judicial (1), Ejército del Perú (1) y Jurado Nacional de Elecciones (1).

“Muchos ciudadanos administrados no denuncian los actos de corrupción, por eso a nombre de los jueces del subsistema invocamos a los administrados para que denuncien los actos de corrupción, ya que estamos totalmente seguros de que hay casos que nunca llegan a conocimiento del Ministerio Público”, añadió.

Investigaciones preparatorias

Por otro lado, la titular de la Sala Penal de Apelaciones refirió que se registraron como medidas limitativas de derechos, 16 levantamientos de secreto bancario, 49 intervenciones de las comunicaciones y 93 confirmatorias de incautación.

Finalmente, dio a conocer que el Ministerio Público formalizó 281 investigaciones preparatorias, incrementándose el numero en relación al 2012 en que se formalizaron solo 236.

“Este dato es importante porque (abrir una investigación preparatoria supone) dar inicio a un expediente que podríamos denominar principal y que puede concluir en un sobreseimiento o una acusación”, concluyó.