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Por Carmen Heck
Directora de Políticas de Oceana Perú
La extinción de especies está avanzando a un ritmo alarmante y sin precedentes a causa de la acción humana. Un millón de los ocho millones de especies animales y vegetales que existen en el planeta están amenazadas, de acuerdo a un reciente informe de la ONU que ha puesto en alarma a todos, y no es para menos.
El reporte elaborado por la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Biodiversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) consistió en la revisión de 15.000 fuentes científicas y gubernamentales que confirman que estamos erosionando los cimientos de nuestras economías, medios de vida, seguridad alimentaria, salud y calidad de vida en todo el mundo.
Entre las causas detrás del problema están el cambio climático, la deforestación y contaminación. Sin embargo, hay otra amenaza que suele pasar desapercibida, el tráfico ilegal de especies. Desde los rinocerontes y elefantes, pasando por grandes felinos y tiburones, hasta los pequeños caballitos de mar, cientos de especies en peligro son víctimas de caza (o pesca) ilegal para su comercialización en el mercado negro.
El Perú no es ajeno a este problema. Sin ir muy lejos, a fines de abril, Sunat confiscó un cargamento de más de 600 kilos de caballitos de mar, valorizado en cinco millones de soles, con destino a China. Se trata de una especie cuya extracción y comercialización se encuentra prohibida en el país, pero esto no ha impedido que se repita lo sucedido en el 2010, cuando 25 mil especímenes fueron confiscados en un almacén, antes de ser exportados a Japón.
Para hacer frente a este problema, no bastan los esfuerzos aislados de una institución, o el decomiso esporádico de cargamentos. Es necesario empoderar al Ministerio Público (MP) con las herramientas adecuada para identificar y desarticular las organizaciones criminales que lucran con estas actividades ilegales.
Por eso es urgente que el Congreso de la República priorice el debate del proyecto de ley (PL 3200/2018-CR) que busca incluir en los alcances de la Ley contra el crimen organizado a los delitos de tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre, tanto terrestres como acuáticas, así como el delito de pesca ilegal.
Esto ampliará las competencias del MP en el combate al comercio ilegal de especies, ya que podrán aplicarse acciones como el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria, así como la inhabilitación de funcionarios públicos involucrados.
Sobre la autora
Carmen Heck
Abogada especializada en derecho pesquero, ambiental y de recursos naturales. Amplia experiencia en propuestas de políticas públicas para la sostenibilidad de recursos naturales. Ha sido directora del Programa de Ciudadanía y Asuntos Socioambientales de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.