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El congresista Yonhy Lescano, de Acción Popular-Frente Amplio, presentó el martes una demanda de inconstitucionalidad contra el nuevo régimen laboral juvenil ante el Tribunal Constitucional.
El mismo legislador informó que el documento solo tenía las firmas de 10 parlamentarios cuando para este tipo se acciones se necesita las de 33. Sin embargo, explicó que la mayoría de sus colegas se encuentran en sus regiones y por eso, por el carácter de urgencia, suplió las rúbricas con las de representantes de abogados de Puno y Huancavelica.
“Siendo un asunto de urgencia, el Tribunal Constitucional lo puede resolver en una semana. Sé que tiene que notificar al Congreso y hay un procedimiento, pero creo que en enero sí puede salir una sentencia adecuada y que pueda respaldar el derecho de los jóvenes dejando sin efecto esta ley”, agregó Yonhy Lescano.
Según informó El Comercio, la demanda de inconstitucionalidad sostiene que la ley que implementa el nuevo régimen laboral juvenil vulnera cinco derechos constitucionales como el derecho a una remuneración equitativa y suficiente (artículo 24), a la igualdad de oportunidades sin discriminación (artículo 26) y a participar en las utilidades (artículo 29).
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¿EL GOBIERNO SE ECHA ATRÁS?
Previamente, algunos ministros de Estado reconocieron que el nuevo régimen laboral juvenil necesita algunos ajustes.
Por ejemplo, la ministra de la Mujer, Carmen Omonte, comentó que “desde el Gobierno tenemos que hacer un mea culpa por no haber difundido más esta norma en las redes sociales, que son los medios que los jóvenes más siguen.
Por su parte, el titular de Producción, Piero Ghezzi, indicó que “una lección que hemos aprendido es que había mucho más reacciones negativas de lo que nosotros hubiéramos esperado. Va a tener sentido prepublicar el reglamento para que se discuta, se vea y hacer los ajustes necesarios”.
En esa línea, señaló que la eficacia de la ley tendrá que evaluarse durante un año “y con base a eso, si no ha logrado los objeticos de formalización, hay que aceptar y hacer ajustes”.
“Claramente no se tiene garantías de que vaya a funcionar. Debería verse cómo funciona en la cancha y realizar los ajustes con el tiempo”, agregó.
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En tanto, el ministro de Trabajo, Fredy Otárola, ya había adelantado el domingo que la norma puede mejorarse o cambiarse, mientras que la vicepresidenta Marisol Espinoza consideró que es necesario escuchar a los jóvenes.
Finalmente, el congresista Daniel Abugattás escribió en Twitter que “es obligación escuchar las voces de nuestros jóvenes”.
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