(Foto: D-Stanley/Flickr)

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El secretario general adjunto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Ivan Simonovic, aseguró que los abusos del régimen de Corea del Norte incluyen crímenes contra la humanidad, además pidió al Consejo de Seguridad que actúe para proteger a la población del país.

Simonovic presentó ante los miembros del Consejo algunas de las claves de la investigación publicada este año por expertos de las Naciones Unidas sobre la situación en Corea del Norte, que ha sido analizada por primera vez en el máximo órgano de decisión de la ONU.

“Pocas veces se ha traído una hoja de cargos tan amplia ante este Consejo”, dijo el diplomático, que denunció crímenes generalizados y sistemáticos, llevados a cabo como una política deliberada desde los niveles más altos del Gobierno.

El secretario general aseguró que muchos de los casos constituyen crímenes contra la humanidad, así recordó que existen evidencias de asesinatos, esclavitud, torturas, violaciones y otros abusos graves contra personas perseguidas por motivos políticos, religiosos, raciales y de género.

Según la ONU, el Gobierno norcoreano es responsable de la muerte de “cientos de miles de personas”, en especial durante la hambruna de los años noventa. Simonovic también se refirió al abuso en los campos de prisioneros en ese país. Los presos son obligados a pasar hambre, a trabajos forzosos, sufren torturas y, en muchos casos, la muerte.

La comisión de investigación de las Naciones Unidas estima que cientos de miles han muerto durante los últimos 50 años en esas instalaciones, en las que actualmente habría entre 80.000 y 120.000 internos.

Simonovic defendió la necesidad de que se haga justicia y pidió que el Consejo de Seguridad tome medidas si no hay cambios a corto plazo. “La gente de Corea del Norte ha sufrido décadas de sufrimiento y crueldad. Necesitan su protección”, dijo a los países miembros.

Varios de ellos han abogado por referir los crímenes a la Corte Penal Internacional (CPI), pero Corea del Norte no ha aceptado la jurisdicción de la CPI, así que solo una decisión del Consejo de Seguridad puede llevar los abusos cometidos en el país al tribunal con sede en La Haya.