Los activistas se encuentran en una prisión de alta seguridad. (Foto: @AIMexico)

Los activistas se encuentran en una prisión de alta seguridad. (Foto: @AIMexico)

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Un juez mexicano ordenó hoy la liberación de los 11 personas, entre ellas el chileno Laurence Maxwell, detenidas durante las protestas violentas del jueves 20 de noviembre para exigir la aparición con vida de los 43 estudiantes de Iguala.

El titular del Juzgado 17 de Distrito con sede en Xalapa, capital del estado de Veracruz, donde fueron recluidos los manifestantes en una prisión de alta seguridad, determinó que no existen elementos suficientes para procesar penalmente a los ocho hombres y tres mujeres por los delitos de lesiones, asociación delictuosa y motín.

Por tanto, ordeñó la libertad inmediata libertad de Hillary González Olguín, Liliana Garduño Ortega, Tania Damián Rojas, Atzin Andrade González, Roberto César Jasso del Ángel, Ramón Domínguez Patlán, Hugo Bautista Hernández, Juan López Ávila, Luis Pichardo Moreno, Francisco García Martínez y Maxwell, estudiante de doctorado de Literatura. Los familiares esperan que salgan en las próximas horas.

La liberación inmediata de los 11 detenidos en protestas por la desaparición de los 43 estudiantes de Iguala y el retiro de los cargos contra ellos, demandó al Gobierno de México Aministía Internacional.

“La evidencia contra los 11 manifestantes es tan débil que es muy difícil entender por qué todavía están detenidos, sobre todo en instalaciones de alta seguridad siendo tratados como criminales de alta peligrosidad”, cuestionó la directora para las Américas de AI, Erika Guevara Rosas.

Entre los intervenidos el jueves 20 en el Distrito Federal se encuentra el chileno Laurence Maxwell, documentalista y estudiante de postgrado de Literatura, cuyo caso será llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su familia, con respaldo de las autoridades de su país.

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“En vez de presentar cargos infundados contra los manifestantes, la Procuraduría General de la República (PGR) debe centrarse en establecer el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos y llevar a los responsables ante la justicia”, añadió.

A los 11 manifestantes, recluidos en una cárcel de alta seguridad en Veracruz, se les sindica de asociación delictiva, motín y el intento de homicidio de un policía. Algunos presentan señales de haber sido golpeados en el rostro.

“La única prueba que los incrimina es el testimonio de los cinco policías que les detuvieron. A menos que se presenten pruebas suficientes para apoyar los cargos, los manifestantes deben ser liberados”, acotó la entidad defensora de derechos humanos.