(Foto: Deutsche Welle)
Síguenos en Facebook
En Ginebra, la ONU revisa el caso de México por las desapariciones forzadas. Sobre la situación actual, DW recogió opiniones. Entre ellas la del obispo de Saltillo, que en Bruselas ofició una misa por las víctimas.
Entre las más de 20 asociaciones pro derechos humanos que han hecho llegar preocupantes informes al Comité contra Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas – que trata el caso de México esta semana – se encuentra la que preside el monseñor Raúl Vera, obispo de Saltillo y fundador del Centro Diocesano para los Derechos Humanos.
“La situación de los derechos humanos en México es muy delicada”, dice a DW en Bruselas monseñor Vera. Su mirada se remonta a la matanza de Chiapas en 1997 cuando asistía al obispo Samuel Ruiz; a la comunidad de El Charco, donde en 1998 fueron asesinadas 42 personas; a miles de testigos que comparecieron ante el Tribunal Permanente de los Pueblos entre enero de 2011 y diciembre de 2014. El obispo de Saltillo copresidió las audiencias.
Ejemplos de descomposición
“Al escuchar a las víctimas de todas partes del país detectamos que algunos de los grupos que el gobierno llama de crimen organizado – y que son responsables de masacres de jóvenes – son grupos paramilitares creados por el propio Ejército. En el narcotráfico se excusa el gobierno”, dice
El obispo de Saltillo ilustra la “descomposición” actual con el hecho de que el alcalde de Iguala, presunto autor intelectual de la desaparición y asesinato de los 43 jóvenes estudiantes, haya sido el autor material del asesinato en mayo de 2013 de líderes sindicalistas de la misma localidad.
“Ahora está en prisión por eso, no por la desaparición de los estudiantes. Pero, ¿cómo puede ser posible que un asesino haya seguido gobernando tranquilamente un año y medio más?”, dice el obispo mexicano, por dos años entre los favoritos al Premio Nóbel de la Paz.
Dispuestos a fortalecer el Estado de Derecho
Acerca de las respuestas gubernamentales frente a los casos de desapariciones forzadas, – y con miras a la revisión a la que se somete a México en Ginebra -, Juan José Gómez Camacho, embajador de México ante la Unión Europea respondió a DW: “El Presidente Peña Nieto recientemente anunció diez medidas para el fortalecimiento del Estado de Derecho. Con estas diez medidas, se deja muy claro que uno de los objetivos en materia de derechos humanos es el de fortalecer los protocolos y procedimientos en materia de desaparición forzada y se ha enviado una iniciativa de reforma que faculta al Congreso de la Unión para expedir las Leyes Generales en materia de Tortura y Desaparición Forzada”.
“Es más”, agrega el diplomático mexicano, que hasta 2013 fue embajador permanente ante la ONU en Ginebra: “En cumplimiento de sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a derechos humanos y en cumplimiento con la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, las autoridades mexicanas a lo largo de las extensas y profundas investigaciones que se han realizado en torno a los lamentables hechos de Ayotzinapa han trabajado con apertura y transparencia con los familiares de las víctimas”.
Por otra parte, sigue el embajador Camacho, “es muy importante destacar que estas investigaciones están abiertas. El Procurador ha informado en distintos momentos que las investigaciones siguen su curso pues aún falta detener a personas involucradas con este crimen y también se está a la espera de los resultados finales de la Universidad de Innsbruck “.
La punta del iceberg
Como fuere, “Ayotzinapa sólo fue la punta del iceberg”, refuta el obispo Vera. En el mensaje que lleva el Centro Diocesano de Derechos Humanos a Ginebra se subrayan años de inoperancia y la aquiescencia del Estado con la impunidad: La mina en Coahuila donde no se rescató a 65 obreros después de una explosión; la dejadez en el caso de la huelga de tres años de los obreros de la textilera de Parras de la Fuente; la masacre de Tlataya en mayo de 2014… Son ejemplos que da el obispo Vera, que tiene a su haber una larga lista de premios por su defensa de migrantes, obreros, indígenas y presos políticos.
En su opinión, tanto desde Ginebra como desde otras instancias internacionales se debe ejercer presión; la propia Iglesia católica, “que se ha tardado mucho en pronunciarse, sabe que un Estado cómplice de criminales e irresponsable en la administración de la justicia es un Estado que no está cumpliendo su deber”, dice Vera.
Ante esta situación, ¿qué cabe esperar entonces de Ginebra y el Comité contra Desapariciones Forzadas ? “La cita de esta semana es muy importante“, dice a DW Guido De Schrijver, de CIFCA (Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México), plataforma de 40 organizaciones de 10 países europeos que coopera y observa los derechos humanos en México y América Central desde hace casi dos décadas.
“Está claro que el gobierno mexicano, como otros gobiernos que pisotean los derechos humanos, va a presentar sus obras a favor de los derechos humanos… Lamentablemente, muchas veces son cantos de sirena“, concluye De Schrijver, recalcando la importancia de que la sociedad civil lleve sus informes a Ginebra. De esta cita, por lo menos así lo esperan diversas organizaciones de la sociedad civil, podría resultar un punto de inflexión.
(Fuente: Mirra Banchón/Deutsche Welle )
