(Foto: Cortesía Congreso de la República)
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Como una sanción “netamente política” calificó el legislador Julio Gagó (Fuerza Popular) la suspensión de 120 días – sin goce de haber – que le impuso hoy el pleno del Congreso por supuestamente haber contratado con el Estado a través de una empresa de fachada (Copy Depot), pese a que la ley se lo prohíbe por ser funcionario público.
El representante fujimorista dijo que el castigo del que fue objeto “no está respaldado en ningún artículo, ni en la Ley de Contrataciones del Estado, ni en la Constitución ni en el Código de Ética Parlamentaria”.
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“Lo que he recibido hoy no es una sanción ética sino netamente política, es una persecución política por haber sido vocero de la primera fuerza de oposición en el Congreso. He sido sancionado por ser vocero”, indicó Gagó en conferencia de prensa.
En su defensa, el también empresario no descartó recurrir a instancias internacionales para defender su honor. “Aquí todavía no termina, hoy nos toca ir de la sede nacional a otra corte y si amerita a las sedes internacionales”, advirtió.
Tras aclarar que es respetuoso de las decisiones que toma el Parlamento, Gagó recordó que la bancada oficialista Gana Perú ya había presentado una acusación en su contra ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, instancia a la que fue derivada su caso.
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“Ya me acusó el Partido Nacionalista en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y luego el caso pasó a Ética (…) Esto sigue su trámite y seguiremos defendiéndonos en esa subcomisión, en otras instancias peruanas y de afuera si el caso lo amerita”, indicó.
Además de Gagó, la oficialista Cenaida Uribe también fue suspendida por 120 días por el caso Punto Visual.
