(Foto: Flickr/Inferis)

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A través de anuncios que publican en Internet, decenas de peruanas ofrecen su vientre en alquiler por montos que van desde los S/.40.000 hasta los S/.70.000, informó el diario El Comercio.

¿Cómo funciona esta práctica? La pareja, extranjera en la mayoría de casos, contacta con la mujer y ambas partes acuerdan el pago: 50% antes de salir embarazadas y la otra mitad un mes antes de parto.

Además, los contratantes se comprometen en correr con todos los gastos de la madre subrogada durante la gestación (exámenes, ecografías, vitaminas, parto, etc.) y darle una pensión mensual de alrededor de S/.1.200 durante el embarazado. A cambio, esta renuncia inmediatamente al bebé después del nacimiento.

Si bien muchas de estas ‘madres de alquiler’ actúan de manera independiente, existen organizaciones que reclutan a las mujeres dispuestas a alquilar su vientre, contactan con las clínicas y médicos que vigilarán la gestión y, finalmente, falsifican los documentos del recién nacido. Precisamente, una de estas mafias cayó hace unos años en España. Esta cobraba US$30.000 por trabajo.

El Comercio contactó con María, una peruana que hace seis años entregó a una pareja de españoles al bebé que dio a luz. Diez meses antes llegó a un acuerdo para prestar su vientre a cambio de US$15.000.

Ella alumbró un varón en una clínica de Surco, que fue registrado con los nombres de la española que la había contratado. Es decir, legalmente no era la madre del menor. Ni siquiera hay registrados de su paso por el centro médico.
Semanas después, la pareja y el niño, con documentos falsos, volaron a Madrid y desde entonces no sabe nada de su hijo.

“Trato de no pensar en él (bebé), ni sentir culpa. Yo ayudé a esa pareja y ellos me ayudaron a mí”, confesó.

¿Qué dicen nuestras leyes sobre esta práctica? En principio, el vientre de alquiler no está prohibido expresamente.

La Ley General de Salud establece que toda persona tiene derecho a recurrir a un tratamiento de fertilidad, pero solo si la condición de madre genética y de madre gestante recae sobre la misma mujer. Es decir, una tercera persona no puede participar en la fecundación. Sin embargo, el Código Penal no sanciona a los que transgresores de esta norma.

De acuerdo a varios especialistas, estos vacíos legales permiten que se cometan delitos como la falsificación de documentos, la estafa, el tráfico de menores o las extorsiones.