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Hace poco, el Relator de la ONU para la Tortura, Juan Méndez, afirmó que en México se practica la tortura de manera “generalizada”. ¿Cómo evalúa usted la situación?
Desde el punto de vista estadístico, hay que darle la razón. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos afirma que en 2013 ocurrieron más de 1.500 casos de tortura a manos de organismos encargados de la seguridad. Es una cifra terriblemente alta. Pero si la comparamos con 2012, también puede reconocerse una cierta tendencia positiva, según la cual la tortura habría decrecido en algo así como un 30 por ciento.
De todos modos, cabe la pregunta de por qué la tortura es tan generalizada dentro de las instituciones mexicanas. Sin duda un factor se produjo durante el gobierno de Felipe Calderón y la llamada “guerra contra las drogas” que lanzó en 2006 el expresidente. Entonces fue cuando comenzaron a crecer las demandas por violaciones a los derechos humanos.
Además de este trasfondo, hubo otros aspectos que contribuyeron al crecimiento de la tortura en México. Los policías están en general poco capacitados, y esto incluye su instrucción acerca de cómo evitar posibles abusos. Además, están muy mal pagados. La opinión pública y los políticos les demuestran poco respeto. Esto produce que el ánimo dentro de las propias corporaciones policiacas empeore, mientras decrecen los controles a la corrupción y la impunidad.
A este factor psicológico hay que añadir la ira de los policías al arriesgar su vida todos los días, o por el hecho de que han perdidos amigos, colegas o familiares como producto de la “guerra contra las drogas”.
La tortura es raramente denunciada ante las autoridades, y cuando lo es, lo más probable es que los autores no sean castigados. Esto convierte a los afectados en dobles víctimas: una por parte de los torturadores, y por otra, de una justicia disfuncional; es decir, de quienes supuestamente deberían proteger la democracia y el Estado de derecho. La tortura es una práctica tolerada y prácticamente no hay control sobre los abusos por parte de policías mexicanos. Con esto se corre el peligro de que los principios democráticos y de un Estado de derecho queden supeditados a los fines de esta tortura; es decir, extraer información a base de tales abusos. Se ha vuelto prioritario presentar resultados a la opinión pública y a la ciudadanía en el combate contra el crimen.
Se trata de un fenómeno complejo. ¿Qué papel juega la corrupción en todo este problema?
Sin duda es un fenómeno muy extendido, desde la policía local hasta la federal, susceptibles a la corrupción debido a su deficiente preparación y su mala remuneración. Algunas estimaciones señalan que hasta un 50 por ciento de las fuerzas de seguridad colaboran de alguna u otra forma con el crimen organizado. Esto significaría que decenas de miles de oficiales no están al servicio del Estado, sino de la delincuencia organizada. Y no sólo ellos, sino también altos mandos y fiscales.
Me viene a la mente la detención del líder criminal conocido como “La Barbie”, en la cual las autoridades estadounidenses, que también participaron en los operativos, alternaron el suministro de información al ejército, la marina y la policía de México, dado que desconfiaban de estas entidades.
También destacaría que aún hay gran cantidad de fiscales, policías y funcionarios que realizan su labor de una manera capaz, digna y honesta, como parecen demostrar las capturas de los líderes del Cártel del Sinaloa o de los Zetas. Por desgracia, estos éxitos no parecen impedir que los carteles sigan realizando sus actividades ilegales.
¿Cómo podría solucionarse una situación tan compleja como la de la seguridad en México?
El primer paso consistiría en garantizar que los policías reciban una sólida instrucción de alta calidad. También el justo reconocimiento a su trabajo por parte de la opinión pública y la clase política es importante como factor para elevar la moral de los policías. Además sería necesario que recibieran un salario proporcionado a la peligrosidad e intensidad de su trabajo, y así se podría reducir el atractivo de cualquier estímulo económico proveniente de organizaciones criminales.
Serían pasos importantes para combatir la corrupción. Pero creo que aún más importante sería atacar la base financiera de la criminalidad organizada, cuya arma más potente es su poder económico. En este sentido, creo que México no puede hacer frente solo a la delincuencia, que tiene una economía subterránea parte de una red global, así como también una economía formal. Se necesitan mecanismos globales y locales que funcionen a fin de combatir el lavado de dinero y la corrupción.
La criminalidad es una de las grandes preocupaciones de la sociedad mexicana, y en parte gracias a ello es que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) reconquistó el poder político en México. ¿Puede decirse que han mejorado la situación desde que Enrique Peña Nieto asumió la presidencia?
Como dije, la mayor escalada de violencia se produjo durante el gobierno de Felipe Calderón. En cambio, el PRI se mantuvo en el poder a lo largo de 70 años, durante los cuales de algún modo se arregló con el crimen organizado. Esto no significa que hubiese menos criminalidad, sino que esta era menos visible. Por eso entre la población había una menor precepción de inseguridad.
Desde la perspectiva de un observador externo, veo que esa es una de las probables razones por las cuales muchos mexicanos relacionan al PRI, consciente o inconscientemente, con una mayor seguridad.
Hablando concretamente de Peña Nieto, él prometió durante su campaña implementar otros métodos para combatir el crimen. Pero vemos que sigue apoyándose en el ejército para hacer frente a la delincuencia organizada. Tampoco la fusión entre las secretarías (ministerios) de Gobernación y Seguridad Pública trajo consigo avances visibles. En cuanto a los delitos graves, tan solo un uno por ciento es investigado. Esto significa que 99 por ciento de los delitos graves permanecen impunes. Así que, desde mi punto de vista, no ha habido ninguna mejora en la seguridad pública en México con el actual gobierno. En algunos estados como Michoacán o Guerrero, la situación incluso ha empeorado y han aparecido grupos de autodefensa.
¿Una policía central, o muchas policías regionales? El debate sobre el modelo que debe seguir la organización de la policía en México es muy antiguo. ¿Cuál cree que sería el modelo adecuado para México?
Lo que puedo decirle es que el aparato policiaco en México consiste en diversos organismos de orden federal, estatal y municipal. Felipe Calderón propuso una centralización de todas estas funciones, pero se enfrentó a la negativa del Congreso federal y de parlamentos estatales. Esto se debió a consideraciones políticas, pero sobre todo, al financiamiento.
La pregunta es si una policía central estaría en condiciones de reaccionar mejor y más rápidamente que las estructuras locales actuales. También cabe preguntarse si una estructura central garantiza que es menos vulnerable a la corrupción. En este punto concreto veo una gran debilidad de una policía centralmente organizada. Si el crimen organizado es capaz de penetrar esa estructura, entonces todo el sistema policial podría ser neutralizado. Esto tendría consecuencias fatales tanto para la seguridad como para el Estado de derecho en México.
(Fuente: Deutsche Welle )
