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El líder opositor y bloguero anticorrupción ruso, Alexéi Navalni, denunció hoy que las autoridades en Rusia le han prohibido salir del país, por lo que no podrá asistir a la lectura de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre su caso, prevista el 15 de noviembre en Estrasburgo.
“Los guardias de frontera me dicen que tengo prohibido abandonar el país. Hay una carta que me lo prohíbe pero no se explica por qué”, escribió Navalni en Twitter.
En su web, el opositor detalla que se proponía volar este martes a Fráncfort, “la ciudad más cómoda” para llegar a Estrasburgo, donde el jueves se dictaminará la sentencia del TEDH sobre la demanda de Navalni contra Rusia.
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Пограничники сообщают, что выезд из России мне закрыт. Есть некое письмо, что выезжать запрещено, но объяснений почему – нет.
— Alexey Navalny (@navalny) 13 de noviembre de 2018
Según adelantó el propio tribunal en un comunicado, el fallo se emitirá a las 10.30 hora local (09.30 GMT) en la Gran Sala del TEDH.
El escrito agrega que la demanda versa en torno a las siete detenciones y condenas administrativas del opositor entre los años 2012 y 2014, que el político ve como una “violación de sus derechos” y una persecución “políticamente motivada”.
Según Navalni, el Kremlin, por cuestiones “simbólicas” y “de principios”, no quiere que él asista a la lectura de la sentencia.
A la vez señala que no entiende por qué las autoridades rusas le dan tanta importancia a este viaje, ya que el fallo del tribunal se emitirá también sin su presencia en Estrasburgo.
Во-первых, это красиво (с). Таймлайн моих арестов, задержаний и тд pic.twitter.com/mSgKNGU3UQ
— Alexey Navalny (@navalny) 13 de noviembre de 2018
La demanda de Navalni contra Rusia ya fue juzgada por una sala del TDEH el año pasado y concluyó que **Rusia **había vulnerado los derechos a la libertad de reunión, a la libertad y a la seguridad, y a un juicio justo de Navalni.
También se condenó a Rusia a indemnizar a Navalni con 1.025 euros por daños materiales, 50.000 euros por daños morales y 12.653 euros por costas judiciales.
Pero el opositor también había alegado una motivación política detrás de las detenciones producidas entre 2012 y 2014, que el Tribunal de Estrasburgo desestimó.
Por ello, pidió que la Gran Sala reexaminara la demanda en cuanto al derecho a un juicio justo y la prohibición de la discriminación.
Fuente: EFE