Funcionaria del Congreso vive en inmueble usurpado por red de Rodolfo Orellana

Un inmueble ubicado en el distrito de Surco que cayó en el año 2009 en las manos de la red liderada por el empresario Rodolfo Orellana es ocupado por la familia de María Roncalla Loayza, una funcionaria del Congreso de la República.

Según informó el diario El Comercio, esta organización se apoderó de la propiedad, que pertenece a la Fundación por los Niños del Perú, haciendo uso de la compañía de fachada Brida S.A.C., con la que también usurpó un terreno en Chaclacayo de la misma fundación y que fue recuperado el jueves pasado.

Para el congresista Víctor Andrés García Belaunde, que una trabajadora del Parlamento o su familia vivan en un terreno usurpado por la red de Orellana es una evidencia de la influencia que todavía tiene el empresario dentro de este poder del Estado.

“La mafia de Orellana tiene todavía más operadores en el Congreso” que serán identificados y denunciados por la comisión que investiga este caso, aseguró el legislador de Acción Popular.

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García Belaunde indicó que María Roncalla debe ser separada inmediatamente de su cargo de asesora técnica de comisiones en el Parlamento porque integraría este grupo delictivo.

“Roncalla es una usurpadora porque ocupa ilegalmente un predio que no le pertenece”, dijo, por su parte, Fabiola Pasapera, presidenta de la junta liquidadora de la Fundación por los Niños del Perú.

Según explicó, el ex gerente general de la fundación Dante Mendieta firmó de manera irregular un contrato de arrendamiento en 2009 por dos años con la empresa inmobiliaria Brida, que después vendió el inmueble, ubicado en la calle Madrid y valorizado en US$400.000, a Roncalla en 2012.

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El Comercio llegó a la propiedad de 200 metros cuadrados para recoger la versión de alguno de sus ocupantes, pero nadie atendió la puerta. Según un vecino, vio a personas sacando cosas de la casa la noche del viernes.

Esta semana también se conoció que un juez vinculado a Rodolfo Orellana trabajó como asesor del congresista fujimorista Julio Rosas. El exmagistrado Héctor Bendezú es acusado por la Procuraduría Anticorrupción de formar parte de la red de jueces que trabajó en complicidad con el prófugo empresario.