(Foto: Difusión)

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Entre enero y agosto de este año, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) destituyó a 15 jueces de paz y 22 servidores judiciales (secretarios, auxiliares, notificadores y otros) de los diversos distritos judiciales del país, en concordancia con la línea de acción de lucha frontal contra la corrupción que impulsa el presidente de este poder del Estado, Víctor Ticona Postigo.

Las medidas fueron aplicadas atendiendo a las propuestas de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), tras concluir los respectivos procedimientos disciplinarios realizados con pleno respeto al debido proceso.

A todos se les atribuye haber incurrido en la comisión de faltas graves y hasta de presuntos actos ilícitos, como recibir dinero de litigantes, direccionar las demandas, ofrecimiento de favorecer a unas de las partes procesales a cambio de ventajas en su beneficio.

De igual modo, retardo en el trámite de procesos judiciales, usurpación de funciones, avocamiento indebido de procesos, entre otras irregularidades.

Tres de los jueces de paz destituidos son del Distrito Judicial de La Libertad, dos de Huaura, Apurímac y Tumbes, respectivamente, y uno de Lima, Lambayeque, Moquegua, San Martín, Callao y Arequipa.

De los servidores judiciales, seis son de Lima, tres de San Martín, dos de Lambayeque, Piura y Ancash, y uno de Huancavelica, Loreto, Puno, Moquegua, Cañete, La Libertad y Corte Suprema, respectivamente.

El CEPJ, que preside Ticona Postigo, concluyó que con su conducta los servidores sancionados infringieron las disposiciones establecidas en el Reglamento del Régimen Disciplinario de los Auxiliares Jurisdiccionales del Poder Judicial, la Ley de la Carrera Judicial, la Ley Orgánica del Poder Judicial y otras normas.

En cada uno de los casos, el órgano de gobierno del Poder Judicial dispuso que las medidas impuestas sean inscritas en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD) del Servicio Civil (Servir), tal como lo dispone la ley.