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El presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, informó que solicitó a la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) con grado de urgente una investigación a la jueza Mercedes Caballero, titular del Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que ordenó comparecencia restringida para Benedicto Jiménez y otras tres personas vinculadas a la red de Rodolfo Orellana .
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Mendoza manifestó que la indagación preliminar evaluará si se produjo una situación irregular en cuanto a la fundamentación de la magistrada sobre Jiménez. “Es necesario que se indague e investigue lo que ha ocurrido y (saber) cuáles son los argumentos”, expresó el titular del Poder Judicial.
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El fallo cuestionado por Mendoza impiden a Jiménez, Jorge Enrique Cortés Martínez, Jorge Antonio Cortés Guerrero y Jhonny Omar Vásquez Hummel, variar de domicilio, además de acudir cada 30 días al Juzgado para firmar el registro de procesados. Asimismo, no pueden comunicarse con los implicados, testigos y peritos del proceso, y deben pagar una caución.
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Por su parte, la jueza Caballero García argumentó que la Fiscalía no presentó testigos, escuchas ni pericias que vinculen a Benedicto Jiménez con los delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos.
“En el caso del imputado Benedicto Jiménez no había graves ni fundados elementos de convicción para dictar la prisión preventiva, como dispone el nuevo Código Procesal Penal”, expresó la magistrada.
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Caballero García indicó que de los 15 elementos de convicción que ofreció la Fiscalía, solo había uno que lo vinculaba, y sostuvo que cada uno de los elementos presentados por el Ministerio Público fue analizado debidamente.
La decisión de la jueza fue apelada por la Fiscalía, por lo que será la Sala Penal de Apelaciones Nacional la que defina la situación de Jiménez y los otros tres implicados en el proceso a Orellana.
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