Piden endurecer penas a personas que atenten contra el patrimonio del país. (Foto: Andina)
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El congresista Aldo Bardález pidió hoy al Parlamento el urgente debate y aprobación del proyecto de ley que establece penas más severas – 15 años como máximo- para los individuos que cometan delitos contra el patrimonio cultural.
Según Andina, el legislador señaló que en os últimos años se incrementaron notablemente estos delitos en todo el Perú. Según el Ministerio Público, entre 2000 y 2013 se registraron 5.226 delitos contra el patrimonio cultural.
“Hace poco robaron la corona y joyas del Señor Cautivo de Ayabaca valorizadas en S/.20 mil. Asimismo, el alcalde distrital de Paracas, otorgó ilegalmente una licencia de construcción para levantar viviendas dentro de la Reserva Nacional de Paracas (…) Del mismo modo, se han efectuado constantes pintas a monumentos y muros incas en el Cusco”, aseveró.
En ese sentido, Bardález consideró urgente y necesario replantear el Código Penal para imponer sanciones más “drásticas y firmes”, ya que actualmente la legislación contempla penas de cárcel que en ocasiones no superan los ocho años, lo cual conlleva que en muchos casos los condenados por estos delitos no se les aplique prisión efectiva.
Por ello, pidió que este proyecto de ley que ingresó hace más de un año a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos y a la de Cultura y Patrimonio Cultural se debata de una vez y se dictamine favorablemente para ser discutido y aprobado con celeridad por el Pleno del Congreso de la República.
La iniciativa legal propone modificar el art. 228° del Código Penal para incorporar como agravante que los agentes que cometan el delito pertenezcan a una organización criminal, y cuando en el contexto de marchas o manifestaciones públicas se dañen y destruyan bienes considerados Patrimonio Cultural de la Nación.
Del mismo modo, aquellos funcionarios y servidores públicos que promuevan, intervengan o favorezcan delitos que atenten contra los bienes culturales serán inhabilitados de sus cargos hasta por un período de 5 años, con pena efectiva no menor de 10 ni mayor de 15 años.
