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Aunque el fenómeno de los niños y adolescentes latinoamericanos que emigran solos e indocumentados hacia Estados Unidos no es nuevo, la virtual duplicación del número de menores detenidos en el intento hace sonar la alarma: 24.493 en el año fiscal pasado –entre octubre de 2012 y septiembre de 2013–, 47.017 entre octubre de 2013 y lo que va de 2014, según el Centro de Investigaciones Pew, de Washington. Cálculos extraoficiales citados por ese think tank independiente prevén que esta cifra se duplique a corto plazo.
Tres cuartas partes de ese contingente provienen del Triángulo Norte de Centroamérica, formado por El Salvador, Guatemala y Honduras; el resto es de origen mexicano. A comienzos de año, funcionarios del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) conversaron exhaustivamente con cientos de ellos y llegaron a la conclusión de que la mayoría huía de la violencia prevalente en sus respectivos países, lo cual los califica como personas desplazadas y legítimos aspirantes a concesiones de asilo.
“Si un país deportara a estos jóvenes sin ofrecerles la posibilidad de asilo u otra forma de protección estaría violando convenciones internacionales”, comentaba recientemente Leslie Velez, jefe de la Unidad de Protección del ACNUR, en la edición online de la revista National Journal. Velez no aludía exclusivamente a Estados Unidos porque la cantidad de guatemaltecos, hondureños y salvadoreños que solicitan asilo también ha aumentado –-en un 712 por ciento desde 2008-– en Belice, Costa Rica, México, Nicaragua y Panamá.
“It’s the violence, stupid!”
Ni siquiera el ACNUR sabe a ciencia cierta cuántos menores de 18 años han dejado sus hogares en el Triángulo Norte; sus estadísticas sólo reflejan las detenciones realizadas por las autoridades fronterizas. “Estos jóvenes no emprenden un viaje tan peligroso sólo porque sus padres envíen dinero desde el extranjero y respalden su plan de emigrar. Ellos lo hacen porque la violencia les hace la vida imposible en sus países de origen”, explica Isabel Rosales, del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA), consultada por DW.
Velez apunta que las redes del crimen organizado reclutan impunemente a niños cada vez más pequeños. Rosales hace hincapié en la corresponsabilidad de los Estados: “En los países mencionados no están garantizando la educación y las posibilidades de desarrollo de sus jóvenes. De ahí que las pandillas y el narcotráfico les ofrezcan oportunidades de integración social y laboral. Por otro lado, la violencia generalizada contra la mujer también está ahuyentando a muchas niñas y adolescentes”, dice la politóloga del GIGA.
El presidente de Estados Unidos ha involucrado tanto a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) como a la Secretaría de Seguridad Nacional en la búsqueda de soluciones para esta crisis, pero eso no apacigua a sus críticos. Unos le reprochan su tardanza en reaccionar y el haber deportado a más inmigrantes que el Gobierno previo, separando a numerosas familias en el proceso. Otros lo acusan de fomentar la “inmigración ilegal” al promover la nacionalización de 11,4 millones de extranjeros indocumentados y posponer la deportación de quienes, siendo niños, entraron al país sin documentos antes de 2007.
El caso europeo
En la Unión Europea, donde los mecanismos para acoger a las personas desplazadas son de por sí complejos, las fuerzas políticas más conservadoras recurren a argumentos similares y atizan el miedo a un “tsunami de extranjeros indocumentados” para impedir que la normativa migratoria comunitaria se ajuste a la legislación internacional en materia de derechos humanos. Así lo señala Karl Kopp, directivo del Consejo Europeo para Refugiados y Exiliados (ECRE), una alianza de 82 organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos de los inmigrantes.
“Un estudio reciente reveló que, de los 58.000 refugiados rescatados en lo que va de año, 9.000 son niños y 6.000 de ellos abandonaron sus respectivos países sin sus padres. Muchos de estos menores mueren en el mar Mediterráneo o en el Egeo. Los que sobreviven comparten los centros de reclusión griegos e italianos con adultos, bajo condiciones infrahumanas. Y quienes logran salir de estos retenes comienzan a deambular por Europa, sin techo ni comida y expuestos a todo tipo de riesgos”, explica Kopp en entrevista con DW.
“Cuando son descubiertos por las autoridades europeas, los menores son llevados de aquí para allá hasta que llega la hora de deportarlos; una acción que, por sí sola, viola la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN)”, lamenta el experto del ECRE. “Nosotros aspiramos a que la UE haga circular el conocimiento y los recursos financieros necesarios para crear un sistema paneuropeo que garantice la integridad física y mental de estos niños y adolescentes, desde el momento en que ponen pies en el Viejo Continente”, dice Kopp.
Crisis humanitaria, no meramente migratoria
Velez y Rosales insisten en que el creciente número de menores que viajan solos e indocumentados sea considerado un problema humanitario –-no meramente migratorio ni de seguridad nacional-–, pero ambos coinciden en que la ayuda humanitaria no basta para resolverlo. Los altos índices de pobreza y desempleo, la fragilidad institucional de los Estados, la corrupción de los organismos de seguridad y el fortalecimiento de las estructuras criminales en los países de origen de estos migrantes requieren una respuesta regional e interinstitucional, sostienen los especialistas.
Rosales cree imprescindible que El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras y México alineen sus estrategias para proveer asistencia a los migrantes, coordinar esfuerzos con quienes les dan albergue en el camino, intercambiar información destinada a protegerlos, buscar a 13.000 niños migrantes desaparecidos desde hace meses, estudiar la dimensión económica de este fenómeno y repensar las prohibitivas políticas de visado de Estados Unidos y México, que persuaden a muchos centroamericanos a optar por la emigración sin documentos.
“También es necesario corregir los desbalances económicos, empresariales y laborales que los tratados de comercio con Estados Unidos crearon en el Triángulo Norte, y robustecer las instituciones en los países de origen para que sus reacciones a esta situación vayan más allá de la emergencia de recibir a las personas deportadas y repatriadas. Esta es una crisis humanitaria, no sólo porque hay un gran número de menores migrando solos. También los adultos que emigran sin documentos son personas vulnerables”, subraya Rosales.
(Fuente: Deutsche Welle )
