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La polémica iniciativa de Ley de Seguridad Interior, que establece los parámetros para la participación militar en tareas de seguridad pública, fue aprobada en comisiones del Senado mexicano en lo que la organización Amnistía Internacional calificó de “crónica de una simulación anunciada”.
Las comisiones unidas de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Estudios Legislativos-Segunda aprobaron por mayoría la minuta de la Ley de Seguridad Interior.
La presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz, del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), consideró urgente darle viabilidad a la norma pues en la última década el país ha atravesado por una crisis que rebasa el ámbito de la seguridad pública y pone en riesgo la seguridad interior.
El senador Fernando Torres Graciano, presidente de la Comisión de Defensa Nacional y miembro del conservador Partido Acción Nacional (PAN), aseguró el debate ha sido amplio y que se escucharon todas las opiniones y voces respecto al tema.
Negó que se haya dado un “procedimiento atropellado” o “fast track” para aprobar este proyecto.
Benjamín Robles Montoya, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) y presidente de la Comisión de Estudios Legislativos-Segunda, manifestó que la legislación es insuficiente y no genera ningún tipo de control adicional y extraordinario de supervisión en materia de derechos humanos.
A su vez, Ricardo Barroso Agramont, titular de la Comisión de Marina y miembro del PRI, aseguró que las Fuerzas Armadas “no están regateando” el apoyo de los senadores, sino que han solicitado un marco jurídico para servir mejor a México.
Los senadores que se manifestaron en contra señalaron que esta ley busca encubrir el fracaso de una estrategia de seguridad, pretende regresar al país al presidencialismo autoritario con facultades metaconstitucionales y no garantiza la paz ni la seguridad ciudadana, ni brinda certeza jurídica.
Los senadores favorables a la iniciativa, aprobada el 30 de noviembre por la Cámara de Diputados, indicaron que el proyecto no implica la militarización del país sino el fortalecimiento de las acciones del Gobierno con reglas claras para la sociedad y las Fuerzas Armadas, para que no sean utilizadas de forma “caprichosa”.
Diversos senadores propondrán modificaciones al texto para su discusión en el pleno senatorial, que abordará el asunto en las próximas horas.
Los militares han asumido tareas de seguridad pública durante la última década desde que salieron a las calles en el marco de la guerra contra los cárteles del narcotráfico emprendida por el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012).
Ante la aprobación del texto en comisiones, la directora ejecutiva de AI México, Tania Reneaum, dijo: “Es inaudita la forma en que las comisiones dictaminadoras del Senado han pasado por alto las observaciones y advertencias de sociedad civil, la academia y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos sobre los efectos perversos para la seguridad ciudadana del proyecto”.
En un comunicado con el título “Aprobación del Proyecto de Ley de Seguridad Interior, crónica de una simulación anunciada”, Reneaum sostuvo que “las modificaciones propuestas no resuelven de fondo la falta de controles civiles, transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de las Fuerzas Armadas en funciones policiales”.
AI se sumó a la exigencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organizaciones de la sociedad civil “de generar un diálogo nacional sobre esta ley para que se preserven y garanticen los derechos humanos”.
“Urgimos al Senado a escuchar las voces que se han alzado en contra de esta ley y dar marcha atrás a la aprobación fast track del proyecto del Proyecto de Ley de Seguridad Interior”, concluyó.
En tanto, decenas de manifestantes convocados por organizaciones civiles y figuras como los actores Gael García Bernal y Diego Luna a participar en una “Velada por la Paz” se instalaron ante la sede senatorial, donde leyeron un pronunciamiento en que pidieron a los legisladores escuchar las advertencias que han hecho expertos en derechos humanos respecto de la iniciativa.
El documento cuestiona “qué clase de democracia admitiría la aprobación de una ley que decide sobre la vida y sobre el derecho de los demás en menos de 60 horas” y exige un debate “real” sobre la propuesta de ley.
Los manifestantes, que llevaban velas como pedía la convocatoria, gritaban consignas como “No al gobierno militar” y “Queremos escuelas, queremos hospitales, no queremos militares”.
(Fuente: EFE)
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