Ese fue el ritmo de pérdida diaria de bosques amazónicos entre 2010 y 2014. (Foto: Getty Images)

Ese fue el ritmo de pérdida diaria de bosques amazónicos entre 2010 y 2014. (Foto: Getty Images)

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Las medidas del Estado para evitar la deforestación ilegal en la Amazonía del Perú son deficientes, advierte la Defensoría del Pueblo en cuanto a la pérdida de bosques debido a cultivos a gran escala que afectan el medio ambiente.

Entre 2010 y 2014, se reemplazaron 30.773 hectáreas de vegetación amazónica con el fin de sembrar palma aceitera y cacao en Loreto, Huánuco, Ucayali y San Martín, precisa la institución en un informe. El área equivale al tamaño de 23 estadios cada día durante los cuatro años.

En números, la deforestación de solo 6.542, cerca de la quinta parte de las zonas verdes arrasadas en la Amazonía peruana en ese período, le ocasionó al Gobierno una fuga de patrimonio forestal de S/ 242 millones 589.760, de acuerdo al Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). El costo calculado de restauración es de S/ 134 millones 230 mil.

En el aspecto social, la expansión de los mencionados cultivos generó conflictos por terrenos privados y tierras reclamadas por pueblos indígenas.

La situación se complica porque los Gobiernos Regionales de Loreto y Ucayali otorgan constancias de posesión y, posteriormente, títulos de propiedad, sin contar con la clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor. Es el Ministerio de Agricultura (Minagri) el órgano encargado de determinar la disposición natural de la tierra. La reventa de esta facilita la deforestación ilegal que daña el medio ambiente.

LA LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

Asimismo, el Gobierno Regional de Ucayali transfirió terrenos de dominio público a favor de algunas empresas, sin contar con la clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor, potestad que solo corresponde al Minagri.

De otro lado, la Defensoría del Pueblo identificó serios vacíos y deficiencias en la legislación que se aplica en materia agraria, lo que origina que las empresas dedicadas a dichos cultivos actúen al margen de la ley. La situación se debe, en gran medida, a la falta de adecuación del reglamento de clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

El informe denominado Deforestación por cultivos agroindustriales de palma aceitera y cacao: entre la ilegalidad y la ineficacia del Estado plantea al Poder Ejecutivo corregir las deficiencias e iniciar procedimientos administrativos sancionadores. Se solicita al Ministerio Público avanzar dentro de los plazos legales con las investigaciones penales iniciadas.