(Foto: Andina)
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Tras dos años de preparación, cuestionamientos y manifestaciones en las calles, el Congreso de la República votó y aprobó el proyecto de la nueva ley universitaria, iniciativa que tuvo como principal impulsor al legislador Daniel Mora, presidente de la Comisión de Educación.
ENLACE: Ley Universitaria fue aprobada hoy por el Congreso
Fin de la ANR, comienzo de la Suneu
La iniciativa, que tiene como objetivo mejorar la situación de la universidad peruana y renovar la educación superior, ha recibido críticas especialmente de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), órgano autónomo, que desaparecería en la nueva norma.
Los rectores, que hasta la fecha controlan el sistema universitario, y que han sido cuestionados por no haber promovido la calidad universitaria y por no investigar irregularidades como la de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, serían reemplazados por la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Suneu).
Sin embargo, este nuevo órgano ha sido cuestionado por su adscripción al Ministerio de Educación, lo cual según el titular de la ANR, Orlando Velásquez, implica que el Estado viole la autonomía universitaria, amparada por la Constitución.
Acreditación de carreras y bachillerato inmediato
El proyecto de la nueva ley universitaria plantea también que las facultades cuyas carreras no sean acreditadas en tres pruebas consecutivas en un plazo no mayor de siete años, podrían ser cerradas por la Suneu. Esas facultades no podrán entregar títulos a nombre de la Nación.
Asimismo, la iniciativa elimina la obtención del grado de bachiller de manera inmediata tras terminar la universidad como en la actualidad sucede. La propuesta indica que el universitario tendrá que presentar de forma obligatoria una tesis de investigación.
En tal sentido, para la Licenciatura, se podrá presentar una segunda tesis, un trabajo de suficiencia profesional o pasar una evaluación de acuerdo a la universidad.
Gratuidad de la enseñanza y estudiantes eternos
Uno de los temas que los estudiantes cuestionan de la nueva ley universitaria es que la gratuidad de la enseñanza solo será obligatoria en la primera carrera en el sector público. Serán las propias universidades las que podrán decidir si se le cobrará al alumno por la segunda carrera.
La Federación de Estudiantes (FEP) considera que esta norma viola la Constitución.
Los estudiantes también han cuestionado que un alumno solo pueda jalar hasta tres veces un mismo curso de manera consecutiva, como sucede en algunas universidades privadas, en donde tras la “tricla” ya no son admitidos en la carrera. El objetivo es acabar con los llamados estudiantes eternos en las universidades públicas
Impuesto a la Renta
Otro de los puntos contemplados en el proyecto es que las universidades privadas que generan utilidades no estarán exoneradas de las normas tributarias y deberán pagar el Impuesto a la Renta.
Sin embargo habrá beneficios en caso de reinversión, la cual deberá ser supervisada por la Sunau y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, a fin de verificar que se destine a la mejora de la producción académica.
