El titular del Parlamento, Jesús Posada. (Foto: congreso.es/)
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La Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley mordaza’, elaborada por el Ministerio del Interior y aprobada el jueves 11 por el oficialista Partido Popular (PP) en el Congreso, multa con hasta 30.000 euros a quienes ofendan a España o las comunidades autónomas en manifestaciones.
La controvertida norma prohíbe, entre otras acciones, protestar sin permiso, grabar a las fuerzas del orden y compartir el video en redes sociales, acampar en espacios públicos o acompañar a las víctimas de desalojos. Asimismo, se niega el permiso a marchar cerca del Congreso y el Senado.
Legisladores de oposición y políticos opinaron sobre la disposición.
“La ley es una vuelta al estado policial y no es necesaria. Con la coartada de la seguridad quieren cercenar derechos de los ciudadanos, imponiendo el derecho administrativo del enemigo y eliminando el control judicial”. Diputado Antonio Trevín.
“Se institucionaliza la represión y se da una vuelta de tuerca para atemorizar a los ciudadanos en un Estado policial”. Diputada Rosana Pérez.
“Establece límites imprecisos de libertad que lesiona el derecho de manifestación y expresión”. Emilio de Llera, consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía.
“Es una locura política y ataque endemoniado a las libertades, dando barra libre a la policía”. Diputado Joan Tardà.
“Esta ley no es necesaria, viola la jurisprudencia europea y el convenio europeo de derechos humanos y recorta derechos fundamentales como el de manifestación y el de reunión”. Diputado Toni Cantó.
“Hoy vivimos una jornada infausta para la democracia con la aprobación de esta ley”. Diputado Ricardo Sixto.
