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Luego de que la justicia argentina declarara que es constitucional la Ley de Medios Comunicación Audiovisual, en ese país se ha desatado un debate respecto a los alcances que tendrá este mandato en las empresas periodísticas –sobre todo el Grupo Clarín– y la libertad de expresión. Pero ¿qué dice el decreto ratificado este martes?
La norma promovida por la presidenta Cristina Fernández fue aprobada en octubre de 2009 por el Parlamento, quien tiene descanso médico desde el 8 de octubre por una operación craneal, pero fue apelada por el Grupo Clarín, el principal conglomerado de medios de comunicación del país rioplatense.
Clarín –propietario también de la empresa de distribución de TV por cable Cablevisión y de la compañía de Internet Fibertel– cuestionó cuatro artículos de la ley. Estos dicen que:
- Artículo 41: Sujeta la transferencia de licencias a la autorización estatal y establece limitaciones para el traspaso
- Artículo 45: Fija la cantidad límite de licencias que puede tener un mismo dueño y fija una cuota de mercado máxima de 35% en el país: 10 licencias de radio, 24 de cable y una de TV satelital
- Artículo 48: Exige que no haya “concentración indebida” en los medios antes de otorgar licencias
- Artículo 161: Fija un plazo de un año para que los grupos mediáticos se adecúen a la norma con la transferencia o el retiro de sus acciones en las licencias excedentes
Con la aplicación de estas medidas se limitará el número de licencias y la cuota en el mercado de los grupos mediáticos. La Corte Suprema ratificó los artículos por decisión dividida: seis votos a favor contra uno en contra. La resolución fue emitida 48 horas después de las elecciones legislativas, pues el Poder Judicial no quiso interferir en la campaña.
Reacciones a la ley
“El conjunto de empresas del país tiene que cumplir las mismas condiciones, nadie puede tener coronita”, sostuvo el presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabbatella tras considerar que la resolución significa un “triunfo de la democracia” en su país.
El Grupo Clarín arguye que los artículos “contradicen los principios de la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos”. En ese sentido, expresó que la ley los obliga a desprenderse de algunas de sus licencias, pero adelantó que apelará el fallo ante tribunales internacionales.
A su turno, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, Ricardo Lorenzetti, negó que haya existido un pacto con el Gobierno para declarar constitucional el decreto. “El año pasado dijeron que yo era amigo de (el CEO de Clarín, Héctor) Magnetto y ahora resulta que es al revés, que acordamos no sé qué cosa”, remarcó.