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Por unanimidad y en un hecho que sucede por primera vez en el país, el juez Wilbert Sánchez Vera fue condenado a tres años y ocho meses de prisión efectiva por el delito contra la administración de justicia, al ser encontrado culpable de prevaricato.
La sentencia del magistrado fue dada luego de hallarlo culpable al liberar a ocho procesados por tráfico de drogas, asalto a mano armada, extorsión, entre otros graves delitos.
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La condena, que deberá cumplir hasta el 26 de octubre de 2018, fue dada por la Sala Penal Especial de Lima, integrada por los jueces Liliana Plascencia Rubiños, Segismundo León Velasco y Antonia Saquicuray Sánchez.
Después de escuchar el veredicto, Wilbert Sánchez Vera fue trasladado a la carceleta judicial y luego al penal.
Según informo el diario La República, el exmagistrado, quien en 2005 fue destituido por el Consejo Nacional de la Magistratura por también liberar indebidamente a Mamerto Florián López, alias el “Cojo Mame”, deberá pagar una reparación civil de 40 mil soles y fue inhabilitado por tres años para ejercer cualquier cargo público.
La condena dada a Wilbert Sánchez Vera se otorgó al comprobarse que las resoluciones de libertad que otorgó a los ochos procesados las hizo con “plena conciencia y voluntad, obrando en contra del texto expreso y claro de la ley (…) y en su afán de aparentar su cumplimiento utilizó desde versiones ya expuestas previamente hasta inscripciones en las fichas Reniec, pasando por “certificados domiciliarios” extendidos a terceras personas, pero que acreditarían el arraigo” de los liberados.
Los procesados beneficiados por el juez fueron Gilberto Pedreros Esparza, Miguel López Pillado (detenidos cuando trasportaban 87 bolsas con 120.50 kilos de cocaína), Marlene Jara Pimentel, Bildad Carrera Vicente, Martín Reyes Huapaya, Leonor Cueva de Huauya, Jaime Saavedra Cueva y Ebertho Escobar Ayme.
En un proceso anterior, realizado por otros jueces, Wilbert Sánchez Vera fue absuelto, pero tras la apelación de la Fiscalía se obtuvo el actual resultado de tres años y ocho meses de prisión efectiva.