(Foto: USI)
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El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, aseguró hoy que la denominada ‘muerte civil’ es una propuesta que tiene como objetivo que los sentenciados por casos de corrupción paguen la reparación civil al Estado.
En ese sentido, descartó que la medida sea un mecanismo de persecución política.
“Son mecanismos que existen en este momento en las leyes de reestructuración para las empresas y lo que estamos haciendo es básicamente que también funcione para cobrar las deudas a favor del Estado, no hay ninguna persecución política”, indicó a Andina.
La iniciativa, que actualmente se encuentra en la Comisión de Justicia del Congreso, plantea que los sentenciados por corrupción con pago de reparación no puedan realizar ninguna acción civil como firmar contratos u obtener préstamos, hasta sanear su deuda con el Estado.
“Es una suerte de quiebra de orden personal por deber dinero al Estado por delitos de corrupción. La Ley de Muerte Civil es una herramienta muy poderosa porque golpea al corrupto en dónde más le duele: el bolsillo”, subrayó.
Comentó que hay más de S/.1,000 millones por cobrar por concepto de reparaciones civiles a personas sentenciadas por corrupción.
“Hemos encontrado casos de personas sentenciadas por corrupción y que tienen su sistema crediticio en verde con posibilidades de obtener créditos”, observó.
