(Foto: Cortesía Agencia Andina)

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El presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo, dijo hoy que el Gobierno rechaza los actos de violencia perpetrados en Lima por mineros ilegales y aseguró que el Estado no trata “con quien toma de rehenes a los ciudadanos”.

Sostuvo que aquellos mineros que desarrollan su actividad de forma ilegal se encuentran en una plataforma “completamente contraria” a la agenda del Gobierno y que incluso las áreas ocupadas en Lima por estos manifestantes son parte del patrimonio histórico, que debe ser protegido.

ENLACE: Marcha de mineros termina en enfrentamiento con policías en Centro de Lima

“En Lima hubo un grupo importante que ha estado creando una serie de acciones de violencia que nosotros, por supuesto, rechazamos (…). Es un tema inadmisible y continuaremos en esa línea”, expresó, tras una nueva sesión del Consejo de Ministros, en Palacio de Gobierno.

Un nutrido grupo de mineros artesanales realizó hoy una marcha por diversas calles del Centro de Lima y dañó algunos vehículos particulares estacionados en la vía pública, en su intento por llegar hasta la sede del Congreso de la República.

Al respecto, Cornejo mencionó que se han dado instrucciones precisas para que “se proceda de acuerdo con la ley” y no se permita que el orden público siga siendo perturbado.

“Esto va de la mano con las negociaciones que hacemos con los representantes mineros para que sus bases se retiren y, de este modo, reducirlas a aquellos que actúan en función de una plataforma para valorizar la minería ilegal, con la cual definitivamente no vamos a transar”, subrayó.

FOTOS: Desmanes durante la marcha de mineros por el Centro de Lima

Refirió que el tema de la minería no adecuada a ley es muy complejo y comprende a varias regiones del país, por lo que destacó que ayer se haya llegado a acuerdo concreto con mineros informales de Arequipa, Cajamarca y Ayacucho, quienes levantaron su medida de fuerza.

La Policía Nacional detuvo hoy a 23 mineros ilegales que provistos de palos y piedras atacaron sin piedad a los agentes que impidieron su desplazamiento hacia el Congreso de la República.

Todos ellos serán denunciados penalmente, informó el Ministerio del Interior.