El traslado de administración de cárceles en Estados Unidos durará cinco años. (Foto: Getty Images)
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos planea dejar de usar cárceles privadas en los próximos cinco años, debido a que esta administración genera más incidentes de seguridad y desprotección que los dirigidos por la Oficina Federal de Prisiones.
La justicia estadounidense ya no renovará estos contratos. Sin embargo, la decisión no aplica para los centros de detención de inmigrantes, gestionados de manera privada y bajo la dependencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
“Este es el primer paso en el proceso de reducción y, en última instancia, pone fin a nuestro uso de establecimientos penitenciarios privados”, afirmó en un comunicado la fiscal general adjunta de Estados Unidos, Sally Yates.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos han criticado duramente los centros para inmigrantes, por considerar inapropiadas sus instalaciones para acoger a familias enteras y no ofrecer un mínimo de condiciones a los detenidos.
Según datos del centro de estudios Center for American Progress, solo el 11% de las camas de las 250 prisiones de todo el país son operadas por el DHS o alguna de sus agencias. Así, el 62% de las plazas en los centros de detención de inmigrantes estaban bajo gestión con ánimo de lucro en 2015, como muchas otras cárceles estatales o locales.
De otro lado, Yates rescató que la medida reducirá a menos de 14.000 las personas recluidas hacia mayo en cárceles privadas, principalmente ubicadas en estados sureños, California y Texas.
Las tres principales empresas que gestionan las penitenciarias son Corrections Corp. of America, GEO Group Inc. and Management y Training Corp.
De acuerdo a un informe reciente sobre las condiciones carcelarias, las instalaciones privadas, por ejemplo, registraban tasas más altas de agresiones, tanto entre internos, como entre reclusos y el personal.
En mayo de 2012, una revuelta por mejores alimentos y atención médida en un centro de Misisipi dejó 20 heridos y un funcionario muerto.
“El ‘quid’ de la cuestión es que las prisiones privadas no se comparan favorablemente con las instalaciones de la Oficina Federal de Prisiones en términos de seguridad o servicios, y ahora con la disminución de la población penitenciaria federal, tenemos la oportunidad y la responsabilidad de hacer algo al respecto”, declaró Yates a The Washington Post.
En los últimos años, numerosas organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación estadounidenses han denunciado las precarias condiciones de este tipo de centros penitenciarios, alegando que la búsqueda de beneficios económicos incurría en la atención deficitaria a los presos.
Aun así, los 13 centros de gestión privada que existen en Estados Unidos no se clausurarán de inmediato, sus contratos irán venciendo a lo largo de los próximos cinco años.
