El Poder Judicial aceptó el pedido de prisión preventiva. (Foto: Cyberjuan/Flickr)

El Poder Judicial aceptó el pedido de prisión preventiva. (Foto: Cyberjuan/Flickr)

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El Poder Judicial dictaminó hoy prisión preventiva para 10 presuntos integrantes de la banda ‘La cruz de Piura’, entre los que figura el exárbitro FIFA Héctor Simón Pacheco Córdova por los supuestos delitos de extorsión agravada, lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.

La titular del Segundo Juzgado Penal Nacional, Mercedes Caballero, declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva, solicitado por el Ministerio Público, por su presunta vinculación con el mencionado grupo criminal.

Esta medida se dictó también para Dennis Cruz, supuesto cabecilla de la organización, por los cargos de extorsión agravada, lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.

Asimismo, para el mayor de la Policía Nacional del Péru, Hilario Rosales Sánchez, quien fue exjefe de la Divincri de Sullana, por el delito de encubrimiento real, tenencia ilegal de armas de fuego y asociación ilícita para delinquir.

En el caso de José Carlos Pacherre Rentería, Víctor Risco Seminario, Berly Madrid Huamán, Fernando López Lozano, y Elsa María Mendoza, la jueza dictaminó detención preventiva por el cargo de asociación ilícita para delinquir.

También sobre Lucio Adrianzén Guerrero se dispuso prisión preventiva por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, según un Andina.

Por otra parte, la jueza declaró infundado el requerimiento de prisión preventiva para el excomisario de Tacalá, mayor PNP Rolando Ayala Carrasco, denunciado por encubrimiento real y asociación ilícita para delinquir; y para Fabiola Adrianzén Torres, denunciada por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.

Para estos dos últimos casos, la jueza Mercedes Caballero dictaminó comparecencia con reglas de conducta e impedimento de salida del país.

Las 12 personas detenidas, 10 de las cuales tendrán prisión preventiva, fueron capturadas en Piura el 29 de enero último por estar presuntamente involucrados en actos de extorsión y lavado de activos.