El ministro del Interior, Walter Albán, opinó que la norma no debió modificarse. (Foto: USI/Referencial)

El ministro del Interior, Walter Albán, opinó que la norma no debió modificarse. (Foto: USI/Referencial)

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La Defensoría del Pueblo consideró que la modificación a la Ley 30151 no favorece al fin de fortalecer la labor policial y militar en la lucha contra la delincuencia, sino que debilita la protección del derecho a la integridad personal de los ciudadanos.

La norma flexibiliza las reglas para el uso de la fuerza por parte de los agentes del orden, a criterio de la institución.

“Está exento de responsabilidad penal: el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que, en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa, cause lesiones o muerte”, refiere la ley.

La modificación elimina el enunciado de la norma anterior que obligaba a los agentes a usar las armas de acuerdo con sus reglamentos, Asimismo, agrega la posibilidad de que se utilice no solo las armas reglamentarias, sino cualquier otro medio para tal fin.

La institución indicó que la norma pone en riesgo la vida de cualquier persona, al permitirse el uso de armas y desconocerse el reglamento y los manuales de protección de los derechos.

Al respecto, el ministro del Interior, Walter Albán, opinó que la ley no debió ser modificada, debido a que una mala interpretación podría dar a pensar que habrá impunidad en caso de abusos. La iniciativa surgió en el Congreso.