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El más reciente audio que envió Alberto Fujimori a una radio local ha desatado la polémica, pero no solo entorno al tema político. El INPE inició una investigación por la difusión de Al final del túnel, un mensaje en el que el expresidente asegura que está confiado en que le concederán la gracia.
El titular del INPE, José Luis Pérez Guadalupe, indicó que el primero en ser llamado a declarar sería el exmandatario. En ese sentido, no descartó que este sea sancionado si se confirma que violó una norma del penal de Barbadillo, donde se encuentra recluido.
“Todo interno privado de su libertad que incumple una norma tiene la posiblidad (de ser sancionado). Es una falta dar declaraciones a los medios de comunicación sin autorizacion previa”, dijo Pérez Guadalupe en diálogo con la prensa.
Al respecto, César Nakazaki, abogado del exmandatario, expresó que la sentencia que pesa contra Fujimori es “una pena privativa de su libertad ambulatoria y una pena de inhabilitación, pero no se le prohíbe la libertad de expresión”.
En ese sentido, el congresista de Fuerza Popular Alejandro Aguinaga indicó que primero revele los resultados de las pesquisas del video en el que Fujimori aparecía en los alrededores de su celda. Sobre el audio, justificó su difusión alegando que se trató de una llamada telefónica grababa en el exterior del centro de reclusión.
